El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó este viernes que el gobernador del penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, mayor Marcos Gonzales, fuera destituido por haber autorizado el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz.
Limpias aclaró que el jefe policial “hace unos días” tuvo una cirugía en temas de su salud, por lo que solicitó vacaciones por unos días. A ello, añadió que el mayor Gonzales hizo conocer que en los próximos días irá a la escuela policial para ascenso de grado.
“Quiere decir va a estar seis meses en la escuela, en la ciudad de La Paz, para ascender de grado. Permanentemente se hacen los cambios en los centros penitenciarios y no es raro, (pero) lastimosamente vemos que malintencionadamente se va expresando de que hay una razón que él no hubiese acatado, por eso se le está cambiando”, dijo.
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Martín Camacho, defensa del gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, dio a conocer que el mayor Gonzales fue sustituido del cargo por autorizar el traslado de la autoridad cruceña para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo.
El miércoles debía iniciar el juicio oral del caso Decretazo en Santa Cruz, pero fue suspendido para el 25 de julio porque la autoridad cruceña no fue trasladada a esa región.
Limpias insistió que en que existe una situación que se dio, hay los antecedentes para que la Policía Boliviana tome sus recaudos y Camacho no sea trasladado a Santa Cruz.
“Ha habido aquí un intento de toma del Comando Departamental (de la Policía), aeropuerto y otras instituciones por lo que ha sucedido. Entonces hay esos informes que no tienen que ser ajeno a la parte judicial”, recordó.
Aseveró que por “encima” de cualquier situación que es “la vida y la misma integridad” no solo de Camacho, sino del equipo de seguridad.
El gobierno insiste en que existen múltiples riesgos asociados con el traslado de Camacho que incluyen la posibilidad de generar nuevos conflictos sociales en Santa Cruz.
El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022.
Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.
