En medio de la investigación por el caso Consorcio, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, evitó responder a la denuncia de opositores respecto de una supuesta coordinación entre el presidente Luis Arce y el exministro César Siles en la presunta emisión de resoluciones judiciales.
La autoridad brindó una conferencia de prensa para informar de un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa para la modificación de sanciones a menores de edad que incurran en actos ilícitos.
Minisiterio de Justicia
Luego de exponer los argumentos y una eventual modificación de sentencia para los menores entre 14 y 16 años y otra para quienes tengan entre 16 y 18, hubo una breve ronda de preguntas. La última pregunta, de una periodista de Unitel, abordó el tema, no sin antes preguntar sobre las nuevas sanciones planteadas.
—Respecto al caso Consorcio, desde la oposición señalan que el exministro Siles no actuó solo y que él pudo haber recibido órdenes del Presidente, o si el Gobierno tenía algún conocimiento sobre el tema. ¿Qué les responde?
—Nosotros, como ministerio, no investigamos; por lo tanto, estamos a la espera de resultados de la investigación. Será la investigación que, de manera objetiva y absolutamente transparente, pueda establecer los hechos que se han denunciado.
César Siles
Luego de su respuesta, la autoridad agradeció la presencia de los medios de comunicación y se retiró del ambiente en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
La investigación en el caso Consorcio involucra a autoridades judiciales y políticas acusadas de conformar una red destinada a manipular decisiones judiciales con fines políticos.
El centro del escándalo es la presunta acción coordinada para la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y la habilitación a su suplente, Iván Campero, mediante una resolución emitida por el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza.
Caso Consorcio
El exministro de Justicia César Siles es uno de los principales implicados en el caso. Según un audio filtrado y la declaración del propio juez Lea Plaza, aquel presionó directamente para que se emita un fallo judicial contra Coaquira.
El exministro fue imputado por los delitos de tráfico de influencias y consorcio. Un juzgado determinó su detención preventiva por cinco meses en la cárcel de Patacamaya. Sin embargo, se encuentra actualmente internado en una clínica de La Paz tras ser sometido a una cirugía de emergencia, de acuerdo con su defensa.
Siles y otros implicados
En total, son ocho los investigados en este caso. Además de Siles, están el juez Marcelo Lea Plaza, detenido e internado; la vocal Claudia Castro, enviada a la cárcel de Obrajes; el magistrado suplente Iván Campero, con detención domiciliaria; el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Yván Córdova, recientemente aprehendido; el abogado José Ramiro Uriarte, que guarda detención domiciliaria; Oscar Antonio de la Fuente, denunciante de la acción que buscaba inhabilitar a Coaquira, actualmente prófugo; y Sergio E. S., funcionario del juzgado de Coroico, aprehendido recientemente.
Investigación
El caso fue activado por la Unidad de Transparencia del TSJ, que detectó una posible red de coordinación indebida entre actores del sistema judicial y político para alterar la composición del máximo tribunal.
La Fiscalía declaró el caso en reserva por 10 días, mientras continúan los actos investigativos.
