El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz rechazó la acción de cumplimiento que buscaba la inhabilitación de cinco candidatos a las elecciones generales del 17 de agosto, quienes actualmente ejercen cargos públicos.
El presidente del tribunal cruceño, Ismael Quezada, informó que la medida fue denegada por “incumplimiento de formalidades”.
Aclaró que la decisión se enmarca únicamente en la etapa de admisibilidad del recurso. “La etapa de admisibilidad es una etapa que debe limitarse al cumplimiento de presupuestos formales y no deviene en una decisión de fondo”, explicó en conferencia de prensa.
Candidatos
Mientras tanto, se tenía prevista para este viernes la audiencia en la que se analizará el fondo del recurso, que pretende cuestionar la candidatura de cinco postulantes con funciones electivas, alegando que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) omitió aplicar la causal de inelegibilidad.
Se trata de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado; Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba: Jhonny Fernández, alcalde Santa Cruz: Eva Copa, alcaldesa de El Alto; y Rodrigo Paz, senador por Comunidad Ciudadana (CC).
Un día antes, el TSE informó públicamente sobre esta acción judicial y expresó su preocupación ante intentos de afectar la participación de determinados candidatos.
Acción de cumplimiento
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció en defensa del proceso electoral. “La Justicia Boliviana está con su pueblo, que no intenten los que tienen intereses políticos llevar agua a su molino. La Justicia se mantendrá firme en su posición de garantizar las elecciones este 17 de agosto”, afirmó el magistrado, que reafirmó así el compromiso de no interferir con el calendario electoral establecido.
Por su parte, el diputado Henry Gutiérrez Farrel, cercano a Reyes Villa, decidió retirar la acción de cumplimiento presentada contra el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel.
Con este pronunciamiento, el Órgano Judicial busca enviar un mensaje de certeza en un contexto político marcado por tensiones e intentos de judicialización del proceso electoral, para garantizar su realización.
