El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, confirmó este lunes que se levantó la reserva en el denominado caso Consorcio, que investiga la presunta manipulación de un proceso judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira.
“El tema de la reserva ha vencido el viernes. La comisión de fiscales evaluó y concluyó que no era pertinente ampliarla. Por ello, las partes procesales, abogados y la opinión pública tienen acceso a la información del caso”, explicó la autoridad en entrevista con la red Unitel.
Caso Consorcio
Durante el periodo de reserva, dos vocales prestaron declaración en calidad de testigos, al ser mencionados por los siete investigados que actualmente enfrentan medidas cautelares. Un octavo implicado sigue prófugo y cuenta con mandamiento de aprehensión.
Uno de los principales sindicados es el juez de Coroico Fernando Lea Plaza. El Ministerio Público informó que en los próximos días se procederá al desprecintado de su despacho para viabilizar nuevos actos investigativos y permitir la designación de una nueva autoridad judicial en esa región de los Yungas.
El fiscal Tórrez también adelantó que se ha emitido citaciones para que los vocales Samuel Mita y Edwin Alejandro Altamirano declaren en calidad de testigos, como parte de la ampliación de la indagación.
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Investigación
El caso Consorcio ha generado preocupación en el ámbito judicial y político, al tratarse de un entramado que, según la Fiscalía, buscaba intervenir deliberadamente en decisiones jurisdiccionales para alterar el funcionamiento del Órgano Judicial.
Investiga una presunta maniobra para la destitución de la magistrada Fanny Coaquira mediante influencias y presiones dentro del sistema judicial. Los acusados, según la denuncia, buscaban suspenderla para que su suplente, Iván Campero, asumiera el cargo.
La magistrada Coaquira se constituyó como víctima en la causa, junto al Consejo de la Magistratura y la Unidad de Transparencia del TSJ.
Reserva
La investigación cobró relevancia tras la filtración de un audio donde se escucha al exministro César Siles coordinar con el juez Lea Plaza la destitución de Coaquira, respaldado desde “altas esferas”.
Las autoridades han levantado la reserva del caso y emitido citaciones a diversos vocales como testigos. Además, se ordenó desprecintar el despacho del juez Lea Plaza para avanzar con nuevas diligencias y designar a un nuevo juzgador en Coroico.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura anunció auditorías a los procesos de los jueces y vocales implicados, para verificar si hubo intervenciones indebidas en fallos legales.
Esta es la lista de los ocho implicados y su situación jurídica:
- César Siles: exministro de Justicia. Actualmente hospitalizado, se le dictó detención preventiva.
- Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, tiene detención domiciliaria tras pagar fianza.
- Iván Campero, magistrado suplente del TSJ, también con detención domiciliaria.
- Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz, con detención preventiva en la cárcel de Obrajes.
- Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico implicado en el caso, con detención preventiva.
- José Ramiro Uriarte Ortiz, abogado, con detención domiciliaria laboral.
- Sergio S., jefe de Plataforma del juzgado de Coroico, con detención domiciliaria.
- Antonio Amelunge Lafuente, presentó la acción contra Coaquira; es el único prófugo hasta ahora.
