Tras la denuncia del Tribunal Departamental de Justica de Beni por una presunta intromisión del Consejo de la Magistratura en una audiencia judicial, el presidente de la máxima instancia disciplinaria, Manuel Baptista, rechazó cualquier vulneración a la independencia judicial y defendió su rol fiscalizador.
La controversia surgió luego de que los vocales de la Sala Constitucional Primera de Beni denunciaran públicamente de la presencia de funcionarios del Consejo de la Magistratura en una audiencia de acción popular, lo que constituía una violación a su independencia judicial.
Baptista aclaró que no se interrumpió el acto procesal y reafirmó el rol fiscalizador que tiene su institución dentro del marco legal.
Levantamiento de información
“El Consejo de la Magistratura está realizando el levantamiento de toda la información necesaria para investigar denuncias sobre jueces y vocales que habrían actuado sin competencia. Algunas de estas denuncias se desestiman porque responden a otros intereses, pero otras sí ameritan procesos disciplinarios”, afirmó Baptista.
Los vocales Charles Mejía Cardozo y Marco Justiniano firmaron una denuncia dirigida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que relatan que, mientras se desarrollaba la audiencia, funcionarios del Consejo de la Magistratura ingresaron a la Sala Constitucional Primera.
Según los vocales, los funcionarios pretendían suspender la audiencia, y procedieron a notificarlos en plena sesión. A su juicio, el hecho vulneró el principio de independencia judicial. La audiencia tenía como parte demandada al presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que generó atención nacional.
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Ante esta situación, Baptista aclaró que, según el reporte de la responsable distrital del Consejo en Beni, los funcionarios no interrumpieron el desarrollo de la audiencia, sino que esperaron fuera de sala para entregar una notificación oficial vinculada a un proceso en curso.
“Los funcionarios ni siquiera fueron atendidos. Estaban aguardando a que concluya la audiencia para notificar con una nota de la unidad de control y fiscalización”, precisó.
Asimismo, recalcó que la labor del Consejo de la Magistratura se enmarca en la ley y que su rol fiscalizador no puede interpretarse como una injerencia indebida.
“No se puede decir, por medios de comunicación, que hay que repensar las funciones del Consejo de la Magistratura. Eso equivaldría a plantear que un juez pueda actuar sin control, con total libertad y libre albedrío. Esa idea pone en riesgo la seguridad jurídica del país”, advirtió.
Aclaración
Baptista insistió que el Consejo no ejerce funciones jurisdiccionales, sino administrativas, y que su mandato está respaldado por el marco normativo nacional e internacional. “Es el único ente del Estado facultado para sancionar a un juez cuando se aleja de la ley”, dijo.
Además, aseguró que, en caso de iniciarse un proceso disciplinario contra algún vocal de Beni, éste contará con todas las garantías para su defensa.
“Debemos ser tajantes cuando hablamos de independencia judicial. Pero también hay que ser claros: la independencia no puede ser un pretexto para evadir el control institucional que garantiza que los jueces actúen dentro de la ley”, concluyó.
