Luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara nulo el proceso ordinario contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, por el caso Masacre de Porvenir, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, consideró que debe llevarse a cabo una revisión y auditoría sobre la decisión adoptada por la máxima instancia judicial.
“Debería existir una revisión y una auditoria judicial con relación al proceso, para verificar todos los procesos que se han seguido. Más allá de eso, esperaremos primero una posición desde el Ministerio de Justicia y desde las instancias competentes, especialmente la mirada del Ministerio Público a toda la cantidad de prueba que ha sido presentada”, indicó la autoridad.
El TSJ declaró nulo el proceso ordinario contra Leopoldo Fernández y determinó que el caso se resuelva mediante un juicio de responsabilidades.
El magistrado Carlos Ortega informó que la resolución, en su parte dispositiva, establece la anulación total del proceso y la aplicación de la Ley 2445, vigente desde 2003, que regula los juicios de responsabilidades en aplicación a la garantía del principio de igualdad ante la ley.
Asimismo, el TSJ instruyó remitir los antecedentes al Ministerio Público, para que inicie el trámite correspondiente de responsabilidades que le corresponde a la exautoridad departamental.
Arraya subrayó la necesidad de reflexionar sobre el estado de la justicia en el país, y enfatizó que se debiera revisar a detalle todos los actuados, así como los fundamentos jurídicos que llevaron a anular un proceso que tomó años y que involucra a víctimas mortales.
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“La pérdida de vidas humanas debe ser procesada y sancionada, especialmente para sentar precedentes”, sostuvo.
Recordó que en el caso Porvenir ocurrió en un contexto de crisis política y social, y dejó varios fallecidos. Añadió que, a lo largo de la historia del país, hubo diversos episodios de violencia que involucraron muertes, particularmente entre sectores indígenas, y que estos deben ser investigados y sancionados de acuerdo con las pruebas y procedimientos legales.
El acaso se remonta al 11 de septiembre de 2008, cuando un grupo de campesinos que se dirigía hacia la ciudad de Cobija fue emboscado en cercanías de Porvenir, dejando un saldo de 11 personas fallecidas. Días antes, se habían registrado enfrentamientos entre campesinos y pobladores de Filadelfia, Porvenir y Cobija.
El proceso contra Fernández comenzó el 16 de septiembre de ese año, tras ser detenido por militares en su despacho y trasladado a La Paz.
Durante el proceso, Fernández alegó la vulneración a su derecho al debido proceso, particularmente a ser juzgado por un su juez natural. Mediante memorial dirigido a la sala plena del TSJ, reclamó la aplicación de las garantías constitucionales.
