La detención domiciliaria otorgada este miércoles a Luis Fernando Camacho por el caso del paro de 36 días abrió la expectativa de su pronto retorno a la Gobernación de Santa Cruz. Ante esa posibilidad, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, aseguró que lo espera con las “puertas abiertas” para entregarle la administración departamental.
“También está la institución que él debe administrar como la máxima autoridad ejecutiva del departamento. Se lo recibirá con las puertas, las ventanas y los escritorios abiertos, para demostrar la situación de la Gobernación y el trabajo que se ha hecho. Además, todas las propuestas que necesitan una acción inmediata, siempre al servicio de la población”, declaró el también vicegobernador.
Luis Fernando Camacho
En una improvisada conferencia de prensa en Santa Cruz, Aguilera destacó no solo la decisión por el paro de 36 días, sino la detención domiciliaria que dispuso un juez en el caso Golpe de Estado I.
El gobernador en ejercicio remarcó que la Gobernación ha funcionado con normalidad pese a la crisis financiera. Explicó que la reducción de personal fue significativa: de 2.925 funcionarios en 2021 se pasó a 1.524 en la gestión actual. Dijo que esta situación no debería causar sorpresa ni preocupación, pues responde a las dificultades económicas que enfrentan todas las autonomías departamentales.
Sobre su relación con Camacho, Aguilera aclaró que es “su colega” y la segunda autoridad electa en el departamento. Recalcó que continuará en el rol que el Gobernador disponga, siempre en función de la institucionalidad.
Mario Aguilera
“Celebramos que la justicia haya obrado de la manera que debió hacerlo desde hace mucho tiempo, sobre todo en el caso Golpe de Estado I, que todos los bolivianos sabemos que no existió. Celebramos que tanto Luis Fernando, como Marco Antonio (Pumari) y la expresidenta (Jeanine) Áñez hayan sido absueltos de esta acusación. Y que ahora tengan la posibilidad de volver a su casa junto a su familia y con la población”, afirmó Aguilera.
Camacho deberá pagar una fianza de Bs 150.000 por dos procesos antes de recuperar su libertad. Su defensa informó que el Gobernador debe comparecer este jueves 28 de agosto ante la justicia por el denominado caso Decretazo, que está radicado en Santa Cruz.
