El próximo 9 de noviembre se instalará la nueva Asamblea Legislativa y lo hará en un escenario marcado por una agenda inconclusa y compleja que no logró consensos en la presente legislatura.
No se trata únicamente de la instalación de nuevos diputados y senadores ni de la recomposición de las fuerzas políticas que marcarán la dinámica del quinquenio, sino también de una herencia compleja: más de un centenar de proyectos de ley inconclusos que no lograron ser debatidos ni aprobados en el periodo que termina.
Estas iniciativas abarcan desde contratos de préstamo y créditos internacionales hasta reformas legales, proyectos de ley sectoriales (litio e hidrocarburos), propuestas ciudadanas y juicios de responsabilidades contra exautoridades.
Asamblea Legislativa
El reglamento de la Asamblea Legislativa establece que estos proyectos no desaparecen del todo con la clausura de la legislatura, pero tampoco se trasladan de forma automática a la nueva.
Para que continúen en trámite, es necesario que un legislador de la nueva Asamblea —o sea, los electos en los comicios del 17 de agosto— los reponga; es decir, lo presente nuevamente como suyo. Sin esa decisión política, las propuestas quedan en el archivo.
El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC) y electo para el próximo periodo legislativo por la alianza Unidad, explicó que no existe un traspaso automático de leyes y que cada proyecto debe ser repuesto si se quiere que siga en consideración.
Según calculó, hay entre 100 y 150 proyectos de ley pendientes de aprobación, dispersos en distintas comisiones y etapas de tratamiento. En su criterio, el reto mayor de la nueva Asamblea será romper con el “bloqueo político” que caracterizó a los últimos cinco años y que paralizó el avance de muchas normas. “El reto es simplemente llegar a un consenso y un acuerdo. Mientras se respeten los pactos, se van a consolidar mayorías. Caso contrario, la Asamblea seguirá estancada”, advirtió en entrevista con La Razón.
Proyectos de ley
Desde el Senado, la legisladora chuquisaqueña Silvia Salame coincidió en la preocupación. Recalcó que sería un error que la nueva legislatura decida empezar de cero. En su visión, existen proyectos que interesan al país más allá de la identidad de los legisladores que los impulsen. Recordó que, cuando asumió su mandato, revisó el archivo parlamentario para identificar iniciativas pendientes que coincidían con sus propuestas de campaña y decidió retomarlas. “No porque cambien los legisladores van a dejar de interesar los problemas del país. Son temas de fondo que necesitan prioridad”, advirtió en La Razón.
El procedimiento de reposición tiene sustento en el Reglamento de la Cámara de Diputados y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores. Estas normas establecen que los proyectos que no fueron aprobados o rechazados al final de una legislatura pueden volver a ser presentados por cualquier parlamentario. Incluso, retomando los antecedentes acumulados.
Así, la reposición es posible, pero requiere un nuevo patrocinio. El artículo 75 del Reglamento de Diputados es explícito al señalar que las iniciativas pendientes deben ser nuevamente presentadas para continuar su trámite. De este modo, lo que ocurre con cada proyecto dependerá no solo de la norma, sino de la voluntad política de quienes integren la nueva Asamblea.
Debate en la Asamblea
La herencia no es menor. Se estima que más de 150 proyectos quedaron sin debate. Muchos de ellos referidos a créditos internacionales gestionados por el Órgano Ejecutivo para salud, educación e infraestructura. También hay propuestas de reforma en sectores como transporte, minería y justicia, así como iniciativas ciudadanas ingresadas por colectivos que esperan revisión en comisión.
El problema, sin embargo, “no se limita a lo jurídico”. La correlación de fuerzas políticas marcará el rumbo y hay bastante expectativa por ello. Eso, debido a que, en los últimos años, las actuales bancadas de las tres fuerzas políticas de la Asamblea — Movimiento Al Socialismo (MAS), CC y Creemos— no lograron consensos necesarios para la aprobación de varias leyes y la preselección y elección de cargos “clave”. Por ejemplo, las elecciones judiciales, la designación del Defensor del Pueblo, los créditos o, en el último tiempo la necesidad de una Ley del Litio.
Incluso, las propias bancadas se vieron divididas, lo que frenó aún más, el debate legislativo.
Pero, hay otro gran reto que deberán asumir los nuevos legisladores. Se trata de un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, por los hechos ocurridos en su gestión (2019-2020). Otrora senadora, hay al menos dos casos por los que es investigada: los casos anulados de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), que requerirán una eventual validación legislativa para un posible juicio de responsabilidades.
Juicios de responsabilidades
En ambos procesos, los tribunales dispusieron la anulación de los obrados. Y lo remitieron al Tribunal Supremo de Justicia para que evalúe un posible juicio de privilegio. Ahora, la defensa de la exmandataria también pidió que el caso Golpe de Estado II corra la misma suerte, aunque, antes, la sentencia debiera ser anulada.
Los dos mencionados procesos se ventilaron en la jurisdicción ordinaria.
Además, varios legisladores electos anunciaron que pedirán un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce. Además de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El juicio de responsabilidades está contemplado en la Ley 044 y requiere de una aprobación por dos tercios en la Asamblea Legislativa. Es decir, al menos 111 de los 166 legisladores —130 diputados y 36 senadores presentes— deben respaldar la iniciativa.
“La Asamblea (como tal) no juzga. La Asamblea solo autoriza el juicio de responsabilidades”, explicó el abogado Israel Quino.
La legislatura saliente, en su criterio, evidenció lo que significa un parlamento sin mayorías absolutas: parálisis en designaciones, trabas en la aprobación de leyes y enfrentamientos permanentes entre oficialismo y oposición.
