La justicia rechazó este miércoles la solicitud de cesación a la detención preventiva del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, por lo que el exmilitar continuará recluido por la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024.
“El Tribunal Sexto de Sentencia que va a conocer el juicio del caso denominado Golpe Fallido ha sustancia una audiencia de cesación a la detención preventiva que ha sido solicita por Juan José Zúñiga, en la cual ha escuchado los fundamentos de defensa y al finalizar (…) ha decidido negar esta solicitud”, informó el fiscal Omar Mejillones.
Indicó que, inicialmente, la autoridad jurisdiccional consideró los riesgos procesales en relación al domicilio de Zúñiga, a la facilidad para abandonar el país, el peligro para las víctimas y los riesgos de obstaculización, en relación a la facilidad para modificar y suprimir elementos de prueba.
Zúñiga fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba, tras ser acusado de liderar el despliegue irregular de tropas y vehículos militares hacia la sede de Gobierno.
La audiencia fue convocada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que había fijado el acto judicial para las 08.45.
La defensa del exmilitar buscaba su salida del penal de El Abra. Zúñiga fue recluido en ese penal desde el 29 de junio de 2024 y ya lleva 14 meses de reclusión sin que se haya iniciado su juicio.
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Zúñiga está acusado por liderar un grupo de militares fuertemente armados que, con vehículos de asalto, tomó la plaza Murillo de La Paz el 26 de junio del año pasado. Su intención era tomar el Palacio Quemado y posteriormente asumir el poder.
Cuando Zúñiga llegó a la puerta del edificio gubernamental, el presidente Luis Arce frenó su avance y le ordenó retirar a los efectivos y los motorizados, pero el exmilitar se insubordinó.
De inmediato, el mandatario decidió cambiar al Alto Mando Militar, cuya primera orden fue el repliegue “inmediato” del personal militar y la logística que se había desplazado.
Por este caso hay más de 100 personas investigadas, de las que al menos unas 30 personas fueron cauteladas. En agosto de ese año, cinco jefes militares fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas, incluido el general Zúñiga.
