Las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba denunciaron este domingo que no fueron notificadas sobre las resoluciones judiciales que anularon los procesos contra policías y militares implicados, lo que consideran una vulneración y un retraso en el trámite de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
David Inka, representante de las Asociaciones de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, informó que ambos directorios determinaron cumplir con el procedimiento interno de juicio de responsabilidades, requisito indispensable antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Sin embargo, advirtió que no pueden hacerlo porque el Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba no le entregan las sentencias que declararon la nulidad de los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis política y social de 2019.
“Para Jeanine Áñez, en 24 horas han hecho aparecer las órdenes de libertad, pero para las víctimas de Senkata y Sacaba, estos dos tribunales no nos entregan el documento”, reclamó el activista.
Explicó que esas dos sentencias se las necesita para entregarle al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a fin de que inicie de oficio la proposición acusatoria para los juicios de responsabilidades.
“Para unos hay celeridad en la documentación judicial y para otros, la mayoría para las víctimas, no hay esa celeridad. Esa también es una denuncia que lo presento”, señaló.
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Inka recordó también que la quinta recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estable que el Fiscal General ponga sus “buenos oficios” antes incluso de que las víctimas soliciten el inicio del proceso.
Respecto a la Asamblea Legislativa, donde debe sustanciarse el juicio de responsabilidades, advirtió que la composición política podría impedir que el proceso avance. Señaló que, aunque existen dos tercios necesarios para habilitar el juicio, las nuevas autoridades legislativas podrían usar esa mayoría para anularlo.
“Si se anula el juicio político, eso significaría que Áñez nunca ordenó ni firmó el Decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y la Policía. En consecuencia, se pretende decir que no hubo masacres, ejecuciones sumarias ni violaciones de derechos humanos, y que el informe del GIEI no existe. Eso es lo que nos quieren imponer”, afirmó.
Inka advirtió que, si se concreta lo que calificó como un acto de impunidad en la Asamblea, lo único que les quedará a las víctimas será acudir a la Corte-IDH. Aclaró que no pedirán nuevas investigaciones, ya que el informe del GIEI documenta los hechos.
“Lo único que tendríamos que pedir —y el comunicado que ha salido es un respaldo a todas las víctimas— es acudir a la Corte. Pero previamente debemos cumplir la norma interna, es decir, agotar el juicio de responsabilidades”, concluyó.
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresaron su preocupación ante las recientes de la justicia que declararon la nulidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
