La Asamblea Legislativa que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre enfrentará uno de los desafíos más delicados de su historia reciente: definir el rumbo de los juicios de responsabilidades contra expresidentes, entre ellos Jeanine Áñez.
Estos procesos, conocidos en la opinión pública como “juicios de privilegio”, porque solo pueden activarse mediante un procedimiento especial, no avanzan sin la aprobación de dos tercios de los legisladores. Así “duerme” una veintena de expedientes en la Asamblea Legislativa.
El tema cobra relevancia no solo por los pendientes contra la expresidenta Áñez (2019-2020) o los anunciados contra el propio presidente Luis Arce, sino también por el historial de dilaciones, pactos políticos y lecturas jurídicas que han frenado —o acelerado— decisiones en el pasado. Analistas prevén un escenario marcado por consensos precarios, tensiones internas y un “tablero político heterogéneo” que obligarán a las bancadas a negociar caso por caso.
Asamblea Legislativa
En Bolivia, estos juicios están regulados por la Constitución Política del Estado y la Ley 044. Se trata de procesos especiales que alcanzan a presidentes, vicepresidentes y ministros de Estado por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Para su activación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe enviar un informe acusatorio a la Asamblea Legislativa, donde solo con el voto de dos tercios de sus miembros se puede autorizar el juicio. Es un filtro que busca equilibrar el principio de responsabilidad de las autoridades con la estabilidad institucional, aunque en la práctica ha convertido en “moneda de negociación política”.
El politólogo Paul Coca lo resume así: “Ninguna de las fuerzas que va a ingresar el 8 de noviembre tiene dos tercios. Para llegar a ese margen, habrá que realizar acuerdos entre las fuerzas con representación parlamentaria”.
A la ausencia de mayorías absolutas se suma la composición heterogénea de las bancadas.
Acuerdos
Carlos Saavedra, analista político, advierte que incluso dentro de los partidos no existe cohesión plena. “No creo que haya una consolidación sólida y permanente. Habrá acuerdos esporádicos y precarios para ciertos temas”.
Explica que dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) existen al menos dos corrientes, una más vinculada al candidato presidencial Rodrigo Paz y otra cercana a su compañero de fórmula, Edman Lara. Situación similar ocurre en Libertad y Democracia (Libre), donde conviven sectores que responden a Jorge Tuto Quiroga, a exdemócratas o incluso a figuras como Branko Marinkovic.
“Cuando no hay propuestas, es difícil ir a consensos sólidos. Lo que veremos será un juego constante de negociación y ruptura”, añade Saavedra.
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Actualmente, hay un fuerte debate por un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez. Eso, debido a que un tribunal de La Paz y otro de Cochabamba anularan los obrados de los juicios por las masacres de Senkata y Sacaba, respectivamente, durante los conflictos poselectorales de 2019.
Consensos
Ocurridas el 15 (Sacaba) y el 19 de noviembre (Senkata), ambas jornadas violentas dejaron 10 muertos, todos a bala, por la violenta represión militar y policial.
La Fiscalía General del Estado rechazó abrir un juicio de responsabilidades contra Áñez en 2021, cuando presentó acusaciones en la vía ordinaria por los casos Senkata y Sacaba.
El argumento del Ministerio Público en ese momento fue que Áñez no había sido presidenta constitucional, sino “senadora que se autoproclamó”, por lo cual, según esa interpretación, no correspondía juicio de responsabilidades y debía procesarse como cualquier ciudadana.
Esa decisión generó controversia porque la Constitución establece que los expresidentes y expresidentes interinos deben ser juzgados solo mediante juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa.
Ahora, luego de las elecciones del 17 de agosto, la nueva Asamblea quedó de la siguiente manera. El PDC se consolida como la primera fuerza parlamentaria, con un total de 70 legisladores, de los cuales 16 son senadores, 30 diputados uninominales, 17 plurinominales, cinco supraestatales y dos diputados de circunscripción especial. Le sigue alianza Libertad y Democracia (Libre), que contará con 53 representantes, distribuidos en 12 senadores, 20 diputados uninominales, 17 plurinominales, dos supraestatales y dos diputados especiales.
Legisladores
Más atrás aparece la alianza Unidad, que logró 35 legisladores entre ambas cámaras, sin mayoría en ninguna, pero con capacidad de inclinar votaciones clave. En cuarto lugar, se ubica el partido APB-Súmate, que alcanzó seis representantes, entre ellos un senador y varios diputados.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que dominó la Asamblea Legislativa durante casi dos décadas, solo tiene dos diputados.
El analista Manuel Mercado sostiene que el debate en la Asamblea no será solo jurídico, sino también identitario. “Debe decidir si será un espacio de persecución o de concertación. Los juicios de responsabilidades pueden convertirse en punto de encuentro o de conflicto”, afirma.
Mercado observa que la nueva correlación de fuerzas deja al MAS sin capacidad de imponer decisiones, lo que abre la posibilidad de que se activen juicios contra exautoridades del oficialismo. Sin embargo, advierte que el caso Áñez será más complejo: “En El Alto no verían con buenos ojos que se deje libres a los vinculados a las masacres de 2019. Eso puede generar fricciones entre las bancadas mayoritarias”.
Necesidad de Consensos
La senadora Silvia Salame, de Chuquisaca, coincide en que en esta legislatura ya no hay tiempo para un proceso contra Áñez, pero abre la puerta a que se retome en la siguiente. “En esta legislatura es imposible por razones de tiempo. En la otra sí, porque varios hechos no pueden quedar en la impunidad”, afirma.
Otro punto de tensión será el futuro del presidente Arce. Concluye su mandato el 8 de noviembre, cuando el ganador del balotaje del 19 de octubre —Jorge Quiroga o Jaime Paz— sea posesionado. El diputado disidente Rolando Cuéllar ya anunció la presentación de una proposición acusatoria por presunto sobreprecio en la importación de combustibles.
Por su parte, la senadora Salame considera inviable que esta Asamblea aborde el caso: “Sería grave que esta legislatura pretenda ver un juicio contra Arce, porque podrían negociar, además por los tiempos no sería posible”.
Procesos
Mientras que Coca recuerda que el caso de Áñez mostró una decisión política desde el Órgano Ejecutivo para frenar un juicio de responsabilidades. “Ha habido influencia de Luis Arce para que no se le juzgue mediante juicio de responsabilidades, que era la vía legal”, sostiene.
De prosperar una acusación contra Arce en la próxima legislatura, el desenlace dependerá de los consensos que logren las fuerzas parlamentarias. Eso, podría marcar un nuevo capítulo de pugna entre oficialistas y opositores.
Coca plantea que el gran desafío es la despolitización de la justicia. “Lo importante es que la Asamblea entienda que la autorización de un juicio no puede depender solo de cálculos partidarios”, dice.
Si bien Rodrigó Paz, de PDC, ganó en la primera vuelta, Jorge Quiroga de Libre, persigue la oportunidad de ser elegido en el balotaje del 19 de octubre.
