El informe de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores sobre la asonada del 26 de junio de 2024, que el gobierno de Luis Arce llamó “golpe fallido”, se reduce a “órdenes irregulares” de tipo penal.
Según el documento al que accedió La Razón, los jefes militares involucrados en los hechos “incurrieron en indicios de responsabilidad en grado de autoría” y están vinculados al grupo Pachajcho en el seno de las Fuerzas Armadas.
Son señalados “por subsumir sus conductas al tipo penal de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, dado que han emitido ordenes irregulares tanto en Estado Mayor y plaza Murillo a personal subalterno del Ejército para desplazarse, equiparse y ejecutar ciertas acciones aprovechando el grado y el cargo que ocupaban en las Fuerzas Armadas”.
Asonada
El 26 de junio, personal militar al mando del entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga Macías, irrumpieron en la plaza Murillo con el objetivo de deponer al gobierno de Arce.
Acompañado de personal con traje de campaña, el militar habló con los medios de comunicación y explicó sus acciones, que las justificó con una presunta molestia “por el saqueo del Estado”. En medio de una situación de caos y confusión en el Kilómetro Cero, incluso un vehículo blindado intentó ingresar al Palacio Quemado.
Consultado sobre la intención de que el jefe militar y sus camaradas tomarán el Órgano Ejecutivo, Zúñiga respondió firme: “Vamos a tomar”.
Incluso afirmó que “seguramente, pronto va a haber un nuevo gabinete; las unidades militares están en apronte”.
Fuerzas Armadas
“Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que no sea de unos cuantos. Vamos a pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos, no puede ser que personal subalterno esté preso”, justificó el militar.
Se refirió a Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, protagonistas de la ruptura constitucional de 2019.
Luego de los hechos en la plaza Murillo, el presidente Arce encaró a Zúñiga en el ingreso del edificio republicano y le ordenó a suspender la medida, instrucción a la que se resistió el jefe militar. Hubo un altercado incluso con algunos ministros.
Inmediatamente fue destituido y, horas más tarde, puesto a disposición de la Justicia.
Fue el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, el que lideró el operativo de detención. “La democracia se ejerce en el voto, lo que ha hecho él es un acto ilícito, un acto criminal”, justificó la autoridad.
Conclusiones
La primera conclusión de la comisión señala que “no existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un Golpe de Estado”.
Además, establece que esas acciones no definían como consecuencia deponer el mandato constitucional del presidente Arce, cerrar la Asamblea Legislativa o tomar el control de las instituciones o entidades del Estado.
Al contrario, “advierte indicios de responsabilidad penal en grado de tentativa”, cuyo delito es alzamiento armado, contra el general Zúñiga Macías y los mayores Leonel Elio Sanjinés Rada, Miguel Fernando Iriarte Sandoval, Waldir Mamani Hidalgo y Luis Domingo Balanza Gerónimo, integrantes del grupo de Inteligencia Pachajchos.
Son señalados de direccionar “de manera irregular al personal militar en general para equiparse y trasladarse a plaza Murillo en la ciudad de La Paz, bajo los ficticios escenarios de un supuesto ejercicio de seguridad, una supuesta condecoración del Comandante General del Ejército y, finalmente, una aparente reunión de coordinación con el Presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora”.
Indicios
El informe también estableció indicios de responsabilidad penal en grado de complicidad para el general Tomás Héctor Peña y Lillo Tellería, el coronel Juan Carlos Calderón de la Riva Lazcano y el general José Antonio Agreda Mendívil, del servicio pasivo, “como promotores, incitadores e instigadores”.
El informe describe que los Pachajchos “se encontraban equipados y portando armamento letal (pistolas Beretta y doble cargador), asimismo, se pudo establecer que trasladaron armamento letal (fusiles UZI, fusiles M-16 y munición) que se encontraba bajo tenencia de la Compañía de Inteligencia-297”.
Según la comisión, esa acción es “injustificada, irregular e incongruente con la versión de que acompañaban como oficiales de seguridad personal del general Juan José Zúñiga Macías”.
Además, el informe señala que “el 90% (del personal involucrado) estaba conformado por soldados del Regimiento de Policía Militar y Regimiento Colorados del Ejército, quienes fueron incorporados meses antes a las Fuerzas Armadas para realizar el servicio militar obligatorio”.
‘Versión’
En la parte final de sus conclusiones, el informe cuestiona la actuación del Gobierno y sus autoridades de pretender posicionar “la versión de golpe de Estado fallido”, extremo, según la comisión, no cuenta con prueba plena. Sin embargo, “advierte el rol de victimización e intentando magnificar ciertos escenarios para intentar respaldar esa teoría”.
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa recomienda una investigación contra los militares del grupo Pachajcho y, además, contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo por la producción del documental ‘Qué pasó el 26-J en Bolivia, por el uso de recursos humanos y económicos del Estado, y la violación de derechos humanos en la exposición de personas involucradas en el caso.
Zúñiga y los principales involucrados guardan detención preventiva en distintas cárceles. En total, la comisión investigó los casos de 26 personas y entrevistó a 27.
Al cierre de este texto, el gobierno de Arce no se había expresado sobre el informe, aunque La Razón supo que una autoridad iba a emitir una posición institucional.
