Bolivia llegó al año del Bicentenario, 2025, con el peso de una marcada crisis económica, una profunda desconfianza institucional y la erosión progresiva del sistema político que marcó las últimas dos décadas.
En este escenario, en su discurso de posesión el 8 de noviembre, el presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al denominado Acuerdo Nacional del Bicentenario. Lo planteó como una propuesta que busca reunir a todas las fuerzas políticas, sociales y productivas del país para construir una hoja de ruta común.
El Gobierno insiste en que no se trata de un pacto de élites, sino de una plataforma para repensar el modelo económico, ajustar la estructura del Estado, impulsar reformas judiciales y restablecer la confianza ciudadana.
Acuerdo Nacional
Sin embargo, el desafío es grande: la historia reciente demuestra que los intentos de grandes acuerdos han fracasado por exclusión, polarización o intereses partidarios. Esta vez, la apuesta oficialista es lograr consensos que sostengan la gobernabilidad, habiliten decisiones complejas y devuelvan cierta estabilidad a un país agotado en crisis.
En entrevista con La Razón, Soledad Chapetón (PDC), vicepresidenta de la Cámara de Senadores y una de las voces más visibles de la nueva mayoría legislativa, considera que el pacto debe ser un proceso histórico y no un mero intercambio político.
Define el acuerdo como un camino para “romper las fisuras sociales, económicas y políticas” que quedaron tras 20 años de “confrontación” y asegura que debe incluir a todos los actores: partidos, gobernaciones, municipios, empresarios, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
Economía
En su criterio, lo fundamental es que el acuerdo nacional recupere la esperanza pública y transmita certidumbre en un país marcado por la incertidumbre. Insiste en que las reformas deben ser profundas, especialmente en el ámbito judicial, donde plantea el fin de la elección popular de magistrados y el establecimiento de un sistema basado estrictamente en méritos, trayectoria profesional e independencia de poderes.
Su énfasis está en evitar que el pacto se interprete como una repartición de cargos o una negociación entre cúpulas políticas. Para Chapetón, el éxito del acuerdo dependerá de reglas claras, diálogo permanente y mecanismos de control social que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos.
Por su parte, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), comparte ese horizonte, aunque subraya una dimensión distinta: el carácter abierto del proceso. Argumenta que el Gobierno pretende escuchar a todos los sectores, especialmente a los jóvenes y emprendedores, que no forman parte de las organizaciones sociales tradicionales.
Justicia
Además, recuerda que en los encuentros preliminares en Santa Cruz y El Alto participaron empresarios medianos, jóvenes innovadores, representantes de unidades productivas y organizaciones sociales no alineadas políticamente. En su criterio, esta diversidad es la base para que el pacto represente realmente a la sociedad boliviana.
La legisladora de mayorías anticipa que la primera semana de diciembre se llevará a cabo el encuentro nacional, después de que el Órgano Ejecutivo promulgue entre ocho y nueve decretos económicos que, según explica, servirán como punto de partida para el debate.
Bilbao afirma que el acuerdo es fundamental para impulsar reformas que requieren mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa: ajustes en minería, hidrocarburos, régimen tributario, inversiones estratégicas y algunas modificaciones parciales de la Constitución. Destacó que su bancada tiene los votos “necesarios” para aprobar estas reformas, pero que la legitimidad del proceso exige diálogo y consenso.
Sectores
Desde la oposición moderada, el diputado David Montaño (APB-Súmate) observa el pacto desde otra perspectiva, aunque reconoce su importancia. Afirma que el Gobierno requiere gobernabilidad para enfrentar los “meses críticos” que se avecinan, especialmente en materia económica.
“El país necesita dólares ya”, sostiene, y considera que la Asamblea debe aprobar leyes que permitan garantizar combustibles, controlar la inflación y reactivar la producción nacional. Para él, el diálogo no es un gesto simbólico, sino una necesidad concreta para sostener al país en un momento de fragilidad económica. Montaño asegura que su bancada está dispuesta a apoyar reformas judiciales y constitucionales siempre que sean en beneficio del Estado.
El análisis de este escenario, según el politólogo Marcelo Arequipa, pasa por entender el momento histórico. Señala que Bolivia vive una transición tras la caída de la hegemonía política del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ostentó el poder por casi 20 años, y que el sistema político aún no encuentra un nuevo equilibrio.
Análisis
En su criterio, el acuerdo nacional responde a tres urgencias simultáneas: garantizar gobernabilidad inmediata en un momento económico difícil, redefinir la relación entre las fuerzas políticas y reconstruir un tejido social profundamente desgastado.
Asimismo, advierte que la legitimidad del pacto dependerá de su capacidad para incluir a actores ciudadanos de manera efectiva. “Si se limita a negociaciones entre élites, perderá credibilidad rápidamente”, dice a La Razón.
También señala que el Gobierno debe mostrar con hechos que no habrá cuoteo de cargos. Además, que la transparencia en las designaciones y decisiones será esencial para sostener la confianza.
El desafío se hace evidente al revisar la amplitud de las reformas que los propios legisladores consideran urgentes. La primera y más coincidente es la reforma judicial. No se trata, según Chapetón y Bilbao, de simples ajustes administrativos. Sino de reconstruir todo el sistema para eliminar la corrupción estructural, restablecer la independencia judicial y reintroducir la meritocracia como eje central.
Debate
También implicaría revisar los mecanismos de control interno, los procesos disciplinarios y las normas procesales que hoy generan dilación y discrecionalidad. La expectativa social sobre esta reforma es alta, lo que convierte al tema en eje sensible que podría fortalecer o debilitar al pacto.
La segunda línea de debate político y legislativo es la reforma constitucional parcial. Bilbao y otros legisladores del PDC consideran imprescindible ajustar varios capítulos de la Constitución para permitir una nueva arquitectura económica.
La reforma económica, por su parte, abarca áreas como la reactivación del sector minero con mayor flexibilidad regulatoria, el incentivo a emprendimientos y medianas y pequeñas empresas (mypes), la diversificación productiva y la reestructuración del modelo hidrocarburífero.
Reforma
La cuarta reforma, tal vez la más ambiciosa, es la fiscal y autonómica. El “50/50”, planteado por el presidente Rodrigo Paz, busca rediseñar toda la estructura del gasto público. La mitad de los recursos actualmente concentrados en el nivel central pasarían a gobernaciones y municipios, lo que implicaría un cambio profundo en el equilibrio del poder territorial.
Como avance de las reformas, específicamente en el ámbito judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), impulsó el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial que se realizó el viernes en Sucre.
En ese encuentro, el mandatario dijo que el sistema judicial boliviano atraviesa un daño “profundo”, pero también recalcó que todavía es posible encaminar un proceso nacional de transformación que permita recuperar la confianza ciudadana.
Varios sectores destacaron el llamado de Paz y anunciaron que presentarán sus propuestas para “mejorar” la situación del país. Todo, en medio de la expectativa por superar la crisis económica e institucional que Paz atribuyó al MAS.
