El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó que el exministro de Justicia Freddy Vidovic tiene una sentencia ejecutoriada emitida en 2015, por la cual fue condenado a tres años de prisión.
La autoridad judicial explicó que una omisión del juez responsable impidió que el fallo fuera registrado en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP).
Saucedo detalló que Vidovic fue sometido a un procedimiento abreviado y que aceptó la condena, que quedó ejecutoriada tras renunciar a su derecho de apelación. “Se evidencia que en 2015 el señor Freddy Vidovic tuvo un proceso penal en el cual se le impuso una sentencia condenatoria de tres años, debidamente ejecutoriada”, informó a Unitel.
Freddy Vidovic
Citó, además, los documentos oficiales que solicitó sobre su situación judicial.
La revelación derivó este jueves en la destitución inmediata del exministro, decisión asumida por el presidente Rodrigo Paz. El mandatario sostuvo que no es posible mantener en el gabinete a un funcionario con sentencia ejecutoriada y advirtió que la situación comprometía al vicepresidente Edmand Lara, quien había sugerido el nombre de Vidovic para ocupar el cargo.
“Esta situación ha puesto en peligro al Vicepresidente, al Presidente y al gabinete. No se puede tener en el gobierno a alguien con sentencia ejecutoriada”, afirmó Paz, horas antes de anunciar el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
TSJ
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, precisó que Vidovic fue sentenciado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, el 30 de mayo de 2015. El caso está vinculado a la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde. Según el fallo, el exministro admitió los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, en el marco del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Oviedo señaló que la aceptación del procedimiento abreviado dejó firme la sentencia y que, conforme a las leyes, Vidovic no puede ejercer ningún cargo público. También anunció una investigación para determinar por qué la Unidad Nacional del REJAP certificó que el exministro no tenía antecedentes, pese a la existencia de una condena ejecutoriada.
Justicia
Sobre esta inconsistencia, Saucedo explicó que “lo que sucedió fue una omisión del juez de aquel entonces, de no remitir al juzgado de ejecución penal y no enviar la documentación administrativa necesaria para que el antecedente sea registrado”.
El TSJ anticipó que se activarán los mecanismos internos para establecer responsabilidades dentro del sistema judicial.
