La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia presentada contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por presunto acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.
“En atención de los memoriales de subsanación a la denuncia, se dispone que la misma pase al conocimiento del fiscal de materia de la Fiscalía Especializada; consecuentemente, da inicio la investigación preliminar dentro de la averiguación penal, cuyos datos se transcriben a continuación: Denunciantes y víctimas: Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca”, señala la resolución del Ministerio Público, publicada por Urgente.bo.
Los denunciados son los magistrados prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamabra, René Iván Espada Nacia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julio Elizabeth Cornejo Gallardo, imputados por los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.
“Los memoriales de subsanación a las observaciones realizadas presentados cumplen con los requisitos legales y jurisprudenciales pertinentes, en observancia a la denuncia interpuesta (…). En consecuencia, corresponde dar curso al requerimiento de inicio de investigación, que estará a cargo de la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, establece el documento de la Fiscalía.
Prudencio informó el miércoles que la acción penal, firmada por ella y por su colega Amalia Laura Villca, fue presentada tras la emisión del Auto Constitucional 070/2025, fechado el 31 de octubre, mediante el cual los magistrados “autoprorrogados” habilitaron una tercera extensión de mandato.
“Una vez más, a partir de la emisión de un auto, los cinco ciudadanos autoprorrogados están extendiendo su mandato por tercera vez”, criticó Prudencio, quien señaló que el documento se aprobó en “completo hermetismo”, sin que los cuatro magistrados electos en 2024 fueran informados ni convocados.
Prudencio denunció que la resolución fue tramitada y suscrita únicamente por los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karem Gallardo y Julia Cornejo, quienes permanecen en sus cargos desde diciembre de 2023, amparados en la Declaración Constitucional 0049/2023.
Según la denuncia, la Secretaría General del TCP justificó la exclusión de los magistrados electos argumentando que no participaron en las decisiones previas relacionadas con las prórrogas, una explicación que Prudencio calificó de irregular y contraria al funcionamiento de la Sala Plena, compuesta por nueve miembros.
El Auto 070/2025 establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se convoque a nuevas elecciones y asuman sus sucesores, lo que, según Prudencio, bloquea la facultad de la Asamblea Legislativa para cesar funciones y viabilizar los comicios judiciales.
