Luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de poner fin a la prórroga de mandato de los “autoprorrogados” del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), legisladores el oficialismo advirtieron que este cese de funciones no representa un “pasaporte a la impunidad” y, por el contrario, ratificaron que los procesos abiertos contra las exautoridades deben continuar.
La diputada Patricia Patiño (PDC) saludó la determinación de los magistrados “autoprorrogados”, aunque aclaró que “no significa un pasaporte a la impunidad”. Señaló que no se permitirá que los investigados eludan responsabilidades y que debe aplicarse la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por las omisiones, acciones irregulares y decisiones cuestionadas durante la prórroga.
“Vamos a estar de cerca (en sus procesos) y voy a ser muy fría para ver de cerca y transparentar. Bolivia quiere certidumbre. Estamos viviendo en una democracia y la norma establece que esos señores eran prorrogados y se autoprorrogaron muchísimo tiempo”, afirmó.
Agregó que las exautoridades causaron no solo un daño económico, sino también un perjuicio al Estado en términos de credibilidad y aplicación de normas.
El diputado Víctor Quispe (PDC) valoró la decisión de los magistrados “autoprorrogados”, al considerar que el país vivía en una incertidumbre “muy grande”.
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“Estoy con mucho optimismo de que podamos vivir un nuevo momento jurídico. Esta instancia igual era manejada por el Ministerio de Justicia, y el presidente (Rodrigo Paz) ha eliminado ese ministerio. Vienen tiempos mejores para la justicia”, manifestó.
La Sala Plena del TCP, integrada por los magistrados ‘autoprorrogados’, resolvió poner fin a la prórroga de mandato de las autoridades que continuaban en funciones desde diciembre de 2023. Según el fallo, los magistrados electos en 2024 no participaron en la decisión al no haber conocido el asunto principal.
El Auto Constitucional 0087/2025 dispuso “dimensionar” (aclarar) el punto cuarto de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que establece el cese de actividades de las autoridades “autoprorrogadas” en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación.
La medida alcanza a los magistrados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navaja, Iván Lima Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karen Lorena Gallardo Sejas; y a los magistrados del TSJ: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Égüez Añez.
El fallo señala que este plazo de 10 días permitirá a los órganos del Estado —Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral— adoptar medidas para garantizar la transición y evitar un vacío institucional. Asimismo, dispone que todos los actos realizados por las autoridades prorrogadas durante este periodo se mantienen firmes y vigentes, bajo criterios de legalidad y seguridad jurídica.
