Tras la intervención a las oficinas de los magistrados cesados, denominados “autoprorrogados”, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la comisión de fiscales informó que se emitió la alerta migratoria contra las cinco exautoridades, además de secuestrar la documentación por la denuncia de acoso político y falsedad ideológica.
El fiscal Javier Gorena confirmó que se activó la alerta migratoria contra los cinco magistrados prorrogados y, al tratarse de un caso de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, se dispusieron medidas de protección en favor de las magistradas denunciantes.
“Hoy se procedió con el registro del lugar del hecho; ese es el actuado investigativo que la comisión de fiscales conformada para este proceso ha dispuesto por considerarlo de importancia y trascendencia para obtener documentación que nos permita verificar el tipo penal de falsedad ideológica”, señaló.
Agregó que la alerta migratoria fue puesta en conocimiento de la Dirección de Migración, que la activó de manera inmediata.
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Gorena detalló además que ya se emitieron citaciones y que se tomó la declaración informativa de Gonzalo Hurtado, expresidente del TCP, mientras se coordinan las citaciones para los demás exmagistrados.
Las accionantes son las magistradas Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, quienes presentaron la denuncia tras la emisión del Auto Constitucional 070/2025, del 31 de octubre, mediante el cual los entonces magistrados “autoprorrogados” habilitaron una tercera extensión de mandato.
Prudencio indicó que la resolución fue tramitada y firmada únicamente por los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karem Gallardo y Julia Cornejo, quienes permanecían en sus cargos desde diciembre de 2023, amparados en la Declaración Constitucional 0049/2023.
Según la denuncia, la Secretaría General del TCP justificó la exclusión de los magistrados electos argumentando que no participaron en decisiones previas vinculadas a las prórrogas, una explicación que Prudencio calificó de irregular y contraria al funcionamiento de la sala plena, compuesta por nueve miembros.
El Auto Constitucional 070/2025 establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se convoque a nuevas elecciones y asuman sus sucesores, lo que, según Prudencio, bloquea la facultad de la Asamblea Legislativa para cesar funciones y viabilizar los comicios judiciales.
