La Fiscalía realizó este miércoles un registro en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) como parte de la investigación por presuntas irregularidades en ocho proyectos que, según los informes preliminares, debían beneficiar a ocho comunidades.
En este proceso se encuentra implicada la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que enfrenta una indagación por el presunto desvío de recursos y el manejo irregular de fondos públicos.
Lidia Patty
La exlegisladora cobró notoriedad en los últimos años debido a que fue la denunciante del caso Golpe de Estado I, un proceso anulado por los hechos precedentes a la caída del presidente Evo Morales. En este caso estuvieron acusados Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros.
El operativo de este martes fue ejecutado por una comisión de fiscales junto a efectivos de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que ingresaron al FDI para recabar documentación física y digital relacionada con los proyectos observados.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el objetivo es establecer si existieron incumplimientos contractuales, favorecimientos indebidos o movimientos financieros que no se ajusten a la normativa vigente.
Proceso
En contacto con los medios en La Paz, el fiscal Miguel Cardozo explicó que los investigadores buscan complementar los elementos ya existentes en el expediente.
Recordó que se trata de ocho proyectos que debían ejecutarse en comunidades rurales, pero que presentan reportes de avance incompletos, pagos sin respaldo técnico o transferencias que no se corresponden con las etapas establecidas.
En este contexto, señaló que “entre los investigados se encuentra Lidia Patty, a la cual se le habría hecho diferentes depósitos a sus cuentas bancarias (personales)”, lo que incrementó las sospechas sobre su participación en el caso.
Investigación
El proceso que enfrenta la exdiputada incluye el presunto delito de incumplimiento de contratos, aunque la Fiscalía no descarta ampliar los tipos penales conforme avance la revisión de los documentos secuestrados.
Cardozo aclaró que, pese al avance de la investigación, no se emitió ninguna orden de aprehensión contra la exlegisladora y que cualquier determinación dependerá del análisis técnico y financiero en curso.
La Fiscalía continuará con la revisión de la documentación recolectada e informó que, de ser necesario, convocará a nuevas declaraciones para esclarecer el destino de los recursos y determinar responsabilidades penales.
