La Fiscalía decidió adelantar la audiencia de medidas cautelares del expresidente Luis Arce, implicado en el caso del ex Fondo Indígena, para las 11.00 de este viernes.
La información fue brindada por el fiscal del caso, Miguel Cardozo, citado por Unitel.
Inicialmente, el acto judicial había sido fijado para las 13.00.
La investigación contra el exmandatario ya cuenta con una imputación formal. El Ministerio Público investiga los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Fiscalía
En la imputación, además, la Fiscalía pidió la medida cautelar de detención preventiva por un tiempo de tres meses en el recinto carcelario de Qalahuma, en el departamento de La Paz.
“Siendo un delito de orden público, se solicita la aplicación de la medida cautelar extrema de la detención preventiva (…) por el plazo de tres meses en el centro de reinserción Qalahuma”, dice una parte de la imputación.
la Fiscalía argumenta que aún se encuentran en curso actos iniciales de investigación, por lo que el encierro temporal busca asegurar la presencia del exmandatario en todas las diligencias pendientes.
Asimismo, se menciona la presunta existencia de elementos que podrían entorpecer la averiguación de la verdad si Arce enfrenta el proceso en libertad.
Luis Arce
El Ministerio Público prevé sustentar su solicitud en la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá si el exmandatario es enviado de forma preventiva al penal de Qalahuma mientras avanza la investigación preliminar.
El caso del ex Fondo Indígena se centra en la presunta malversación y uso irregular de recursos públicos que debían destinarse a proyectos productivos para comunidades indígenas.
Sin embargo, las investigaciones oficiales develaron un daño económico al Estado que inicialmente se calcula en al menos Bs 360 millones, aunque estimaciones más amplias sugieren que el perjuicio podría superar los $us 700 millones en total por transferencias indebidas a cuentas particulares y proyectos no ejecutados.
