El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, alertó este lunes sobre los riesgos legales que podría generar la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en pronunciarse sobre la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partidos que no alcanzaron el 3% de votación exigido por norma.
“Existe una situación de incertidumbre y el tema está prácticamente en manos del Tribunal Constitucional. En el caso de ambos partidos, aún no se ha definido su personería jurídica”, señaló Vargas a Asuntos Centrales.
Advirtió que esta indefinición podría generar problemas a futuro, debido a que ambas siglas participan en alianzas en las elecciones subnacionales de marzo de 2026 con otras agrupaciones ciudadanas que podrían verse perjudicadas si se adopta una decisión tardía.
En las elecciones generales del 17 de agosto, las dos fuerzas políticas no alcanzaron el umbral mínimo exigido por la normativa electoral. ADN, en alianza, obtuvo apenas 1,45% de los votos válidos, mientras que UCS llegó al 1,67%.
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Vargas recordó que ambas siglas políticas debieron perder su personería jurídica por no cumplir con el 3% mínimo de votación en las elecciones generales del 17 de agosto, por lo que el TSE inició un proceso de cancelación. Sin embargo, aclaró que antes de que se emita la resolución correspondiente, ambos partidos interpusieron una acción concreta de inconstitucionalidad.
Explicó que dicha acción fue rechazada por el TSE y, conforme al procedimiento, fue remitida al Tribunal Constitucional para su revisión, motivo por el cual la sala plena determinó aguardar el pronunciamiento del TCP.
“El tema está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Exhortamos a que se pronuncie y determine la admisión o el rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta, para dar certeza jurídica a estas organizaciones políticas”, afirmó.
Según el procedimiento, el TCP tiene un plazo de 45 días para admitir o rechazar la acción. En caso de rechazo, el proceso debe retornar al TSE, quien deberá determinar de manera inmediata la cancelación de la personería jurídica de ambas siglas.
Vargas aclaró que no fue parte de la decisión adoptada en sala plena cuando se rechazó la acción y se envió el caso al Tribunal Constitucional, por lo que señaló que corresponderá a las nuevas autoridades del Órgano Electoral asumir una determinación una vez exista un fallo constitucional.
“El problema y el riesgo es que el pronunciamiento se dé días antes de la jornada de votación, lo que podría generar perjuicios, especialmente si estas organizaciones participan en alianzas con otras agrupaciones ciudadanas”, reiteró.
Indicó que si el TCP se pronuncia después de los plazos electorales y ratifica que la pérdida de personería jurídica por no alcanzar el 3% es constitucional, el TSE deberá reunirse en sala plena y proceder de manera inmediata a la cancelación de la personería jurídica de ADN y UCS.
