El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ángel Dávalos, señaló este martes que las acciones presentadas contra los decretos supremos 5503 y 5515 no pueden ser resueltas en sala plena debido a la falta de quórum.
“En la Comisión de Admisión se está tramitando el caso y solo se requieren tres votos de los magistrados, por lo que no existe ningún problema y el trámite continúa”, explicó.
Sin embargo, precisó que para resolver el fondo de los decretos y otros temas de coyuntura es necesario contar con quórum completo en sala plena.
“Estamos esperando la decisión de la Asamblea Legislativa de emitir una ley corta de funcionamiento provisional del Tribunal Constitucional, que permita contar con quórum y emitir un pronunciamiento”, advirtió.
El lunes, la presidenta del TCP, Paola Prudencio, informó que la institución recibió varias acciones de inconstitucionalidad presentadas contra los decretos supremos 5503 y 5515, las cuales deberán seguir su curso legal para aceptar o rechazar su tratamiento.
Se trata del Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles; y del Decreto Supremo 5515, referido al ejercicio del mando presidencial a distancia mediante el uso de medios tecnológicos.
Dávalos recordó que actualmente la sala plena está conformada por cuatro magistrados electos, cuando la ley exige al menos cinco votos para resolver acciones de control normativo, acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta y recursos de nulidad.
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“Para ello necesitamos una ley de funcionamiento transitorio. Las autoridades de la Asamblea lo saben, por eso es importante un pronunciamiento rápido e inmediato para dar tranquilidad y seguridad jurídica respecto a estos temas”, remarcó.
En ese contexto, reiteró que no se puede definir el fondo de los decretos supremos 5503 y 5515 mientras no se cuente con el quórum requerido.
“Tengo entendido que en la agenda de la Asamblea está previsto el tratamiento la siguiente semana y estaremos atentos para que se consolide de una vez la plena actuación del Tribunal Constitucional frente a las acciones que se están presentando”, indicó.
Desde hace dos semanas, sectores sociales, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), se movilizan contra ambos decretos en busca de abrogar la norma.
