El candidato inhabilitado a la Gobernación de La Paz, Rafael ‘Tata’ Quispe, presentó este lunes una carta al presidente Rodrigo Paz en la que solicita la destitución del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), vocal Gustavo Ávila, a quien acusa de “autoprorrogarse” en el cargo.
Quispe cuestionó que el mandatario mantenga a una autoridad a la que identifica como afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a que durante 20 años lucharon para sacar a ese partido del poder, incluso con las movilizaciones de 2019.
“He mandado una nota al presidente pidiendo la destitución inmediata de Gustavo Ávila porque está usurpando funciones”, afirmó.
El exdiputado señaló que el artículo 206 de la Constitución establece que el mandato de los vocales electorales es de seis años y que no existe posibilidad de reelección.
Aseguró que Ávila solo debía completar el periodo restante de la exvocal Dina Chuquimia, por lo que calificó su permanencia como una “autoprorrogación”.
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Además, anunció que retomará acciones legales y protestas similares a las que realizaba cuando era diputada, incluso adelantó que acudirá de forma permanente a la Fiscalía.
También recordó las movilizaciones contra el MAS y al expresidente Evo Morales, y acusó a Ávila de ser “testaferro” de Evo Morales y del presidente Luis Arce, a quienes responsabilizó por un “fraude monumental” en 2019.
En respuesta a estas declaraciones, la Sala Plena del TSE expresó la semana pasada su solidaridad y respaldo absoluto al presidente del órgano electoral, Gustavo Ávila Mercado, frente a lo que calificó como “ataques y descalificaciones infundadas” de algunos actores políticos.
El Órgano Electoral recordó que es una institución colegiada e independiente, cuyas decisiones se adoptan por mayoría y en estricto cumplimiento de la Constitución y la normativa electoral vigente.
Estas declaraciones se dieron en el contexto de la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad, junto a sus candidatos, tras no alcanzar el 3% de votación en las elecciones generales de 2025.
