La diputada Lissa Claros informó este jueves que el Ministerio Público rechazó la denuncia presentada contra la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, decisión que —según afirmó— impide avanzar en la investigación de los hechos denunciados.
La legisladora cuestionó la determinación fiscal y anunció que evaluará nuevas acciones legales para que el caso sea reconsiderado y se garantice transparencia en el proceso.
“Después de haber subsanado las observaciones y presentada documentación amplia, lamentablemente la Fiscalía ha rechazado y no está investigando el tema de la exviceministra Alcón”, señaló.
Claros indicó que insistirá con la denuncia, ya que, a su juicio, de no hacerlo se estaría incurriendo en complicidad. “No entendemos el criterio que tiene el Ministerio Público; si nosotros hemos denunciado, tendrían que empezar a investigar de oficio”, manifestó.
Añadió que en el caso no solo se trata de un hecho aislado, sino que se adjuntaron tres contratos que habrían beneficiado a medios de comunicación.
Asimismo, sostuvo que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) estaría involucrada, debido a que se otorgaron licencias en un tiempo récord a nombre de una fundación, mientras Alcón ejercía el cargo de viceministra de Comunicación.
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La diputada lamentó que el Ministerio Público —según dijo— no esté cumpliendo con su labor de investigar y brindar certidumbre en la lucha contra la corrupción.
Consultada sobre si el rechazo es definitivo o puede ser subsanado, Claros se limitó a señalar que se están reuniendo mayores elementos para adjuntarlos y lograr que la investigación avance.
En diciembre, la alianza Libre formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Alcón por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones de publicidad estatal.
En la denuncia se acusó a la exautoridad de haber obtenido cuatro frecuencias radiales a nombre de una fundación y, posteriormente, haber recibido contratos preferenciales de publicidad.
Según los antecedentes, Alcón se habría beneficiado con al menos Bs 650.000 por concepto de publicidad estatal para cuatro emisoras radiales, aprovechando su cargo y las influencias que tenía dentro del gobierno.
Según EjuTv, las emisoras, denominadas “Onda Colectiva”, tenían oficinas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.
