La Fundación Jubileo, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y la Red Unitas presentaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados los hallazgos y recomendaciones finales de la veeduría ciudadana realizada a dos procesos de selección de altos cargos.
El análisis abarcó la preselección de los magistrados y consejeros para las elecciones judiciales de 2024 y la selección y el proceso de selección y designación de vocales electorales desarrollado a finales del 2025.
La presentación tuvo como objetivo contribuir a la elaboración de reglamentos que incorporen estándares internacionales y recojan las recomendaciones de la primera y segunda experiencia de elecciones judiciales (2011 y 2017).
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Representantes de Jubileo y Unitas enfatizaron en el fortalecimiento de los criterios de transparencia, mérito y probidad en estos procesos, con el fin de evitar vacíos normativos y aportar a la credibilidad y legitimidad de las designaciones.
Asimismo, agradecieron el espacio brindado por la Comisión y señalaron que, pese a realizar veedurías a la elección de altos cargos desde 2022, es la primera vez que se cuenta con la posibilidad de explicar los aportes ciudadanos de manera directa.
Entre las principales recomendaciones destaca la incorporación de un examen escrito y una entrevista estructurada en las etapas finales de evaluación, para asegurar que la meritocracia y la probidad sean requisitos efectivos y considerados de manera conjunta en la elección de autoridades.
Se espera que la Comisión tome en cuenta estas propuestas en la elaboración de los próximos reglamentos, especialmente aquellas orientadas a garantizar procesos más técnicos, objetivos y verificables.
Según información del Tribunal Supremo Electoral, en junio de este año podrían realizarse elecciones judiciales complementarias, lo que refuerza la necesidad de revisar y fortalecer los reglamentos con anticipación, incorporando lecciones aprendidas y buenas prácticas internacionales.
La veeduría impulsada por estas organizaciones busca aportar evidencia técnica y propuestas concretas para mejorar la calidad institucional y fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de selección de autoridades, clave para el Estado de derecho y la democracia en Bolivia.
