La Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral, emergente del informe presentado por la Comisión de Seguridad del Estado, en relación a la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024.
En su parte resolutiva, establece nueve determinaciones concretas, dirigidas principalmente al Fiscal General del Estado, cuyo objetivo es otorgar celeridad a procesos de investigación y revisión administrativa vinculados a esos hechos. El caso involucra a exautoridades del Ministerio de Gobierno, altos mandos policiales, fiscales y oficiales militares,
En junio de 2024, un grupo de militares, encabezados por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga tomó la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre con la intención de ingresar al Palacio Quemado y asumir el poder.
Por este caso, más de 100 personas se encuentran bajo investigación, de las cuales al menos unas 30 ya fueron sometidas a audiencias de medidas cautelares.
La Resolución instruye al Fiscal General “agilizar y otorgar la celeridad” a procesos de investigación contra el exministro de Gobierno Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía Jhonny Aguilera Montecinos y el exviceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ignacio Ríos Sanjinés.
Esto en relación a la “presentación pública de ciudadanos aprehendidos sin autorización expresa ante medios nacionales e internacionales”, en contravención al ordenamiento jurídico vigente.
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Asimismo, dispone acelerar investigaciones por la elaboración y difusión del documental “Qué pasó el 26-J en Bolivia”, en cuya producción —según el documento— se habrían utilizado recursos humanos y económicos del Estado, exponiendo nuevamente fotografías y datos de ciudadanos investigados “sin autorización expresa”.
En ambos puntos, la resolución menciona expresamente a las exautoridades señaladas, vinculando las investigaciones tanto a la exposición pública de aprehendidos como a presuntos actos de coacción.
El documento también instruye dar curso a investigaciones contra exservidores públicos que, según el texto aprobado, habrían presentado memoriales judiciales modificando artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores, “subsumiendo su conducta en delito de falsedad ideológica”.
De igual manera, se solicita investigar actuaciones que habrían “impedido y estorbado el ejercicio de funciones” de senadores nacionales, incluyendo la restricción de ingreso a recintos penitenciarios y la presunta obstaculización de labores de fiscalización parlamentaria.
En este marco, se advierte posibles indicios de delitos como Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Prevaricato e Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, tipificados en el Código Penal.
La resolución también dispone al Consejo de la Magistratura “realizar auditorías jurídicas a los procedimientos abreviados concedidos” en casos vinculados a los hechos investigados, a fin de determinar posibles responsabilidades de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
En el ámbito militar, instruye dar celeridad a investigaciones contra oficiales que conformaron tribunales internos por haber emitido “resoluciones contrarias a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, disponiendo de manera irregular la baja definitiva de personal militar vinculado a los hechos de junio de 2024, vulnerando —según el texto— plazos procesales y derechos constitucionales.
También se dispone que el secretario General de la Cámara de Senadores remita antecedentes al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, mediante el Ministerio de Defensa, para la revisión de procesos sumarios administrativos generados durante y después de los hechos del 26 de junio de 2024, con fines de fiscalización.
En la anterior legislatura se conformó una Comisión Especial de Investigación para examinar los sucesos del 26 de junio de 2024, cuyo informe fue aprobado en su momento por el pleno.
En el marco del procedimiento parlamentario, dicho documento fue posteriormente remitido a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, instancia que elaboró el informe considerado y aprobado en la sesión de este martes.
La Resolución lleva la firma de la presidenta de la Comisión, senadora Judith García, junto a las senadoras Ana Karina Velasco y Paola López.
Con esta determinación, el Senado formaliza recomendaciones institucionales orientadas a que las instancias competentes continúen y aceleren las investigaciones y revisiones correspondientes, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
