El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, dijo que la corrupción se institucionalizó en las entidades públicas durante la administración pasada y apunta a una red estructura que provocó un daño millonario al Estado.
Según su explicación, uno de los principales focos de investigación es la Aduana Nacional, donde las investigaciones detectaron irregularidades en la compra de terrenos y equipos tecnológicos.
García señaló que un predio adquirido por Bs 2.700.000 fue tasado posteriormente por una consultora en solo Bs 1.400.000. «En algunos años este terreno se había depreciado a 1.300.000 bolivianos», afirmó la autoridad en Red Uno.
Asimismo, reveló que la Aduana adquirió escáneres por Bs 25 millones cada uno, pese a existir ofertas por Bs 19 millones. «Se ha identificado también un presumible daño económico de más de 5 millones de bolivianos en cada uno de los escáneres», explicó.
Otra irregularidad en esa institución es la reducción del espesor de vidrios de fachada de 10 a 6 milímetros. «En vez de reducir el costo, se le había aumentado en 1.800.000 bolivianos», reveló.
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Investigación
En estos casos, dijo que la exejecutiva de Aduana, Karina Serrudo, intenta frenar al avance de la justicia y presentó documentación que no coincide con los registros oficiales del SICOES.
«O bien esta exautoridad tiene documentación oficial en su poder o bien existen todavía funcionarios que le están facilitando documentación de manera informal, por lo que esto también se configura en peligro de obstaculización», advirtió García.
En criterio del viceministro estas prácticas no eran aisladas y se habría «institucionalizado la corrupción en las entidades públicas» mediante estructuras de extorsión y enriquecimiento ilícito en diversas áreas.
Otra entidad con datos de corrupción es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde identificaron una red que cobraba hasta $us 20.000 para renovar licencias de estaciones de servicio.
«Había una estructura de funcionarios de alto rango que extorsionaban a las personas», señaló García y reveló un crecimiento económico injustificado de estos funcionarios suma más de 2,8 millones de bolivianos.
Asimismo, otra empresa con datos de corrupción es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se investiga a un exdirector de contrataciones que, en solo dos años, registró un incremento patrimonial de más de Bs 15 millones de bolivianos. El Ministerio Público ya investiga a esa persona.
En el caso de la Caja Nacional de Salud (CNS), detectaron la venta de ítems y cobro de coimas.
García detalló, además, que un exgerente adquirió dos departamentos y una casa sin respaldo financiero legal.
El viceministro dijo que se sumó la investigación del “Caso Maletas” y otras irregularidades en las entidades públicas. «Tenemos muchísimo todavía por investigar hacia adelante», sentenció.
