La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, demandó este jueves la ejecución inmediata de la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales.
La exautoridad es investigada por el delito de trata y tráfico de personas. Luego de más de 50 días, Morales reapareció públicamente en un acto político en Chimoré, Cochabamba.
“Nadie está por encima de la ley. La orden de aprehensión tiene que ser cumplida de manera inmediata. No se puede replicar un mensaje de impunidad”, afirmó la autoridad.
Evo Morales
Echeverría cuestionó que el exmandatario participe en proclamaciones y actividades públicas mientras enfrenta una acusación formal. En ese marco, sostuvo que la Policía Boliviana debe dar cumplimiento a la disposición fiscal sin considerar jerarquías políticas o sociales.
“No se puede, por más que sea un líder político o religioso, querer imponer el poder social sobre la justicia”, declaró, al instar al Comando Nacional de la Policía a actuar conforme a la ley.
La viceministra informó que su despacho remitió una solicitud formal para que se ejecute la orden de aprehensión y se garantice el debido proceso. Asimismo, lamentó que la presunta víctima haya salido del país y remarcó que el Estado tiene la obligación de asegurar protección y acceso a la justicia para víctimas de delitos sexuales.
Jessica Echeverría
Añadió que el Viceministerio trabaja de manera coordinada con la Comisión contra la Impunidad de Delitos Sexuales y con la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa para recabar información y dar seguimiento no solo a este caso, sino también a otras denuncias conocidas en años anteriores.
Finalmente, adelantó que se investigará a funcionarios que, presuntamente, hubieran incumplido su deber o encubierto hechos vinculados a la denuncia, con el objetivo de establecer responsabilidades.
Morales, desde octubre de2024, cuando se abrió un proceso de trata y tráfico de personas en su contra, se refugió en el Trópico de Cochabamba, donde recibe protección de dirigentes, comunarios y simpatizantes, que impiden su captura por parte de la Policía.
La orden de captura sigue vigente, aunque la Policía afirmó que no existen condiciones para ejecutarla.
