El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó este viernes que el Gobierno iniciará una demanda civil con el objetivo de recuperar los recursos económicos perdidos tras la subasta de barcazas chinas, como parte de las acciones orientadas a resguardar los intereses del Estado.
La autoridad señaló que el tema ya está siendo abordado con un bufete de abogados que se encargará de impulsar el proceso civil. Explicó que, mientras el proceso penal tiene como finalidad sancionar a los responsables, la vía civil apunta a la restitución del daño económico. “Estamos en ese trabajo”, afirmó.
Salinas agregó que existen responsables penales que ya cumplieron sus condenas con detención domiciliaria; sin embargo, remarcó que también mantienen responsabilidad civil por el perjuicio ocasionado al Estado.
En días pasados, el titular de Defensa expresó la decisión de iniciar acciones legales contra el gobierno de China para recuperar 30 millones de dólares relacionados con la compra de 16 barcazas y dos remolcadores.
Reveló además que las embarcaciones fueron rematadas en China debido a deudas por almacenamiento, información que, según indicó, no fue comunicada oficialmente hasta la fecha.
De acuerdo con la Rendición Pública de Cuentas Final 2024 de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), el remate se produjo en 2022 por un valor aproximado de tres millones de dólares.
El caso se remonta a 2009, cuando el entonces gerente de Enabol, Freddy Ballesteros, pagó cerca de 21 millones de dólares para la compra y traslado de las embarcaciones al país, sin contar con una boleta de garantía. No obstante, los navíos nunca llegaron a Bolivia, lo que generó una deuda por almacenaje.
Lea más: Ministro de Defensa señala que continúa las auditorías a los radares
La empresa coreana General Marine Business (GMV Inc.) fue contratada para la provisión; sin embargo, ante la imposibilidad de cumplir el contrato, transfirió la obligación a un astillero chino, donde las barcazas estuvieron a punto de ser embargadas por deudas de la compañía administradora del puerto.
El proceso judicial fue instaurado por la compra irregular de 16 barcazas y dos empujadores con una inversión de 21 millones de dólares, lo que ocasionó un grave daño económico al Estado.
La Justicia determinó responsabilidad para Ballesteros, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Asimismo, Carlos Hurt fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contratos lesivos al Estado y asociación delictuosa.
Otros 19 acusados recibieron penas privativas de libertad que oscilan entre uno y nueve años, además del pago de costas a favor del Estado, de acuerdo con su grado de participación. Algunos imputados fueron declarados rebeldes, entre ellos cuidadores de origen asiático y la exdirectora jurídica de Enabol, Carmen Rosa Gámez.
