“El pueblo boliviano no aguantaba más. Lo que ocurría en San Julián y lo sucedido en Río Abajo generaba una profunda indignación. Mientras se impulsaba el discurso del ‘desbloqueo a cualquier costo’, familias veían afectado el fruto de su trabajo por actos de saqueo y violencia, ante la pasividad de la Policía”, señaló Lara en el documento.
Asimismo, sostuvo que era inaceptable que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas permitieran la presencia de grupos civiles portando artefactos explosivos en medio de operativos.
“Lo ocurrido en San Julián evidenciaba un peligroso escenario de confrontación que podía derivar en consecuencias irreparables para la población. Por ello, exhorté a la prensa nacional e internacional, a la CIDH, la ONU y la OEA a observar y documentar estos hechos”, afirmó la autoridad en otra parte del comunicado.
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Imágenes
Lara aseguró que las imágenes difundidas mostraban daños a la propiedad, quema de motocicletas y la participación de civiles en acciones que, a su juicio, debían estar bajo control exclusivo de las instituciones del Estado.
“La Constitución Política del Estado es clara: la Policía Boliviana debe defender a la sociedad y preservar el orden público. No fue creada para permitir que grupos civiles intervengan en operativos de seguridad”, recordó.
La autoridad consideró que no se podía utilizar civiles para confrontar a otros civiles ni reemplazar el diálogo por la confrontación.
“San Julián no necesitaba explosivos. Río Abajo no necesitaba saqueos. Bolivia necesitaba autoridad responsable, respeto a la ley y diálogo. Exigí el cese inmediato de cualquier participación de grupos civiles en operativos de seguridad”, manifestó.
Finalmente, reiteró que su lealtad permanecía firme junto al pueblo boliviano, “con su dignidad, sus derechos y sus esperanzas, porque la democracia se defiende con la verdad y no con la violencia”.
