El vicepresidente Edmand Lara salió este martes en defensa de la misión de izquierda argentina identificada como de “observación en derechos humanos” que no logró ingresar al país y acusó al Gobierno de impedir la verificación internacional de la situación boliviana.
Lar aseguró que Migración, la Cancillería y la Policía actuaron de forma coordinada para “retener” y expulsar a la delegación, integrada por legisladores y activistas de izquierda.
«El día de ayer, Bolivia ha presenciado un hecho que no podemos normalizar. Una Comisión Internacional de Derechos Humanos llegó desde Argentina para verificar lo que está pasando en nuestro país. Y la respuesta del Estado ha sido clara: retención, hostigamiento y expulsión», afirmó.
Lara cuestionó la decisión estatal y aseguró que el Ejecutivo busca evitar que se conozca la realidad del país. «¿A qué le temen? ¿Qué es lo que no quieren que el mundo vea? Cuando un gobierno cierra sus puertas a la observación internacional, no está defendiendo la soberanía, está ocultando la realidad».
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No obstante, la Cancillería de la República Argentina no emitió ningún reclamó, sino por el contrario consideró que la decisión del Estado boliviano se tomó en el marco de su soberanía.
El vicepresidente aseguró que la actuación del Gobierno «se parece peligrosamente a prácticas de dictadura» y trazó un paralelo con el expresidente venezolano, Nicolás Maduro. «Se parece al estilo de Nicolás Maduro, donde se bloquea toda verificación independiente», dijo.
Lara recurrió a la figura del mandatario venezolano para denunciar una supuesta deriva autoritaria en Bolivia, aunque la misión que defendió está conformada por referentes de la izquierda argentina que históricamente mantuvieron posturas de apoyo o solidaridad con Venezuela ante la presión internacional.
Asimismo, afirmó que no solo se vulneraron los derechos de la delegación argentina, sino también “el derecho de los bolivianos a conocer la verdad sobre lo que ocurre en el país”. Por ello, exigió explicaciones y transparencia al Gobierno.
Sin embargo, la Defensoría ha estado activa en cuanto a velar los derechos de los sectores movilizados y ha difundido múltiples informes sobre lo que ocurre en el escenario del conflicto.
La misión argentina denunció supuestos asesinatos, torturas y secuestros en Bolivia. Sin embargo, informes de la Defensoría del Pueblo y de Bolivia Verifica no respaldan esas afirmaciones y señalan que los fallecimientos registrados corresponden a hechos ocurridos en el contexto de la conflictividad social, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación.
