El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Decreto Supremo 5636, que declara Estado de Excepción, tiene como finalidad principal proteger a la población, restablecer la normalidad y garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales afectados por los conflictos y bloqueos registrados en el país.
La autoridad explicó que la medida fue adoptada en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, ante una situación que ha generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de afectar la libre transitabilidad y el acceso a servicios básicos.
“Bolivia necesita recuperar la normalidad”, sostuvo Justiniano, al remarcar que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de la población y la continuidad de las actividades fundamentales para el desarrollo del país.
El ministro recordó que, antes de la declaratoria, el Gobierno impulsó diversos espacios de diálogo y concertación con distintos sectores sociales en busca de soluciones a la crisis.
“Durante semanas se ha privilegiado el diálogo. Se han escuchado demandas, se han buscado acuerdos y se han abierto espacios de solución”, manifestó.
En ese contexto, señaló que la aplicación del Estado de Excepción responde a la responsabilidad constitucional de proteger a las personas, asegurar el abastecimiento de bienes esenciales, preservar el funcionamiento de hospitales y servicios estratégicos, y garantizar el derecho de los ciudadanos a trabajar, estudiar y desplazarse libremente.
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Asimismo, enfatizó que la medida no está dirigida contra la protesta pacífica ni implica el cierre de los espacios de diálogo con los sectores movilizados.
“Esta medida no es contra la protesta pacífica ni contra quienes tienen demandas legítimas. El diálogo seguirá abierto para todos los sectores que quieran construir soluciones”, afirmó.
Justiniano destacó que el Decreto Supremo 5636 incorpora mecanismos destinados a preservar el orden público, resguardar la infraestructura crítica y asegurar la atención de las necesidades básicas de la población, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes vigentes.
Reiteró que el objetivo de la medida es recuperar condiciones de seguridad, estabilidad y tranquilidad para las familias bolivianas.
“Esta medida no busca castigar a nadie. Busca devolverle a Bolivia normalidad, seguridad y tranquilidad”, señaló.
