La política se entiende como la forma de organización de los órganos de poder del Estado, las formas de organización y disputa por el poder, el ejercicio del poder, la reproducción del poder. Ello implica procedimientos en el Estado de derecho o acciones fácticas en los regímenes militares.
La disputa por el poder y la reproducción del poder sintetiza el sentido de la política; este hecho se entiende a partir de la composición social de los sectores hegemónicos que inciden y deciden.
Tradicionalmente, las derechas constituyen sus élites en función de las temporalidades; se expresan por la vía liberal representativa y por lo militar; los núcleos que los articulan son grupos corporativo-empresariales, que retienen y se benefician del poder en dictadura y democracia; además, tienen la capacidad de construir su narrativa que expresa esa temporalidad como la “razón” del tiempo.
El valor de la reproducción del poder está en el sistema de creencias políticas, éticas, jurídicas, materiales constituidos; cuando ese valor ya no es la fuerza, son tiempos de crisis, de inestabilidad, de descomposición, pero también de recomposición, que no emerge de la materialidad de la crisis, sino de la capacidad de los actores que disputan la hegemonía de esa temporalidad.
A inicios del siglo, la Guerra del Agua (Cochabamba, 2000), la movilización indígena aymara y la conformación del Cuartel Indígena de Qalachaca (altiplano, 2001) y la Guerra (El Alto, 2003) derrumbaron el sistema de creencias neoliberal-colonial; los actores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y mediáticos que enarbolaban esas banderas fueron arrastrados por la tempestad de lo plurinacional-popular.
El actor hegemónico de la política es lo sindical campesino e indígena que esta atravesado por identidades territoriales, productivas, culturales, deliberativas y orgánicas constituidas en movimiento social; se manifiesta electoral y políticamente en el paraguas de la democracia liberal representativa. Los núcleos dirigentes del movimiento son los aymaras y quechuas del altiplano, los cocaleros del Trópico cochabambino y sectores urbano-indígena-populares de El Alto.
Esta forma de manifestación política es la peculiaridad abigarrada de nuestra sociedad boliviana.
Desde 2002, la democracia liberal representativa está subordinada a la decisión que toman los actores político-sindical-campesino-indígenas de izquierda; esta elección no será una excepción, todas las opiniones generalmente negativas de los aspirantes a ser por lo menos candidato presidencial o sentimental, de los analistas convertidos en gurús de la predicción, los medios de comunicación públicos y —no todos— privados hilvanan alrededor de las decisiones, acciones y opiniones que surgen de los escenarios deliberativos desarrollados en el Trópico y están en suspenso por lo que diga Evo o Andrónico.
La tarjeta de presentación de los folklóricos opositores es quien tiene mayor impacto en la descalificación, no en la crítica, al actor que incide en el quehacer cotidiano de la política y en la perspectiva electoral; una vez concluida su plegaria llena de adjetivos, hablan del horóscopo electoral y terminan autonombrándose salvadores de Bolivia.
La intensidad de la temperatura política no está condicionada a la conformación de los binomios, sino a lo que resuelva el TSE cuando se postule Evo. Esta decisión marcará el resultado electoral y la conformación el próximo gobierno.
La ciudadanía política depende de la comunidad política, lo colectivo que tiene en el sindicato territorial y cultural ha trascendido la formalidad liberal representativa; por ello que hace imprescindible para las diferentes fracciones políticas de centro y derechas inhabilitar al referente histórico, inviabilizar el sentido político de la organización sindical para volver a ser el centro de la política como fueron durante 180 años desde inicios de la República.
La disputa en este tiempo electoral no está sujeta a la dinámica liberal representativa, sino que este escenario está contaminado por el ingreso de un actor institucional externo al proceso electoral, es el Tribunal Constitucional.
La disputa por el poder en este tiempo del sistema democrático ya no está sujeta a la admiración del Tribunal Electoral ni a la decisión democrática del soberano, sino a fallos constitucionales; esta distorsión de la institucionalidad es la gráfica de las formas republicanas en la disputa y ascenso al poder.
