Es innegable el papel fundamental que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el sistema financiero mundial. Su misión es la de “garantizar la estabilidad económica y financiera en el mundo”. Desde su creación en 1944 ha intervenido en crisis económicas internacionales, proporcionando respaldo financiero y técnico a países que enfrentan desequilibrios macroeconómicos severos. Se debe aclarar que no es un banco, o sea, no presta para proyectos de desarrollo.
Las intervenciones de esta institución, sin embargo, no han estado libres de controversias por las pesadas condiciones que exige para conceder su asistencia financiera. Particularmente, los efectos sociales de su actuación han generado controversias. Un reportaje de la BBC en 2019 explica la virulencia de las reacciones de la población ecuatoriana y el efecto en decisiones administrativas. La eliminación de la subvención a los combustibles “…—tras haber alcanzado un acuerdo con el FMI— ocasionó una ola de violentas manifestaciones que llevaron al presidente Lenin Moreno a declarar el estado de excepción e, incluso, a mudar la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil”.
Por otra parte, hubo casos positivos de este apoyo. Marcus Miller, profesor de economía de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, afirma: “El préstamo de $US 30.000 millones del FMI a Brasil en 2002, en ese momento el mayor en la historia del Fondo, y condicional a que Brasil mantuviera ‘políticas responsables’, es … un ejemplo de una intervención particularmente exitosa”. Una particularidad es que se realizó al gobierno de Lula. “Se evitó el default por un proceso de transición en el que Lula primero fue convencido de ajustar sus políticas y después el mercado aprendió a confiar en Lula. El apoyo del FMI, tanto financieramente como en la formación de políticas creíbles, jugó un papel clave de apoyo en conseguir tiempo para este proceso de transición”.
Portugal es otro caso positivo, no solo por sus políticas opuestas a la austeridad exigida por el FMI, sino también porque estas fueron ejecutadas por un primer ministro socialista; Antonio Costa, en una coalición de partidos de izquierda. Llega al poder en noviembre de 2015 y en 2017 la BBC informó que sus medidas sustentan “…lo que muchos economistas heterodoxos venían advirtiendo sobre la respuesta a la crisis global: que, más que austeridad acérrima, lo que los países europeos necesitaban eran medidas que alentaran la demanda interna para impulsar el crecimiento. … han rebajado el déficit fiscal al tiempo que han aumentado los salarios y las pensiones de los empleados y jubilados”. Costa logró recuperar la economía y, a la vez, salvaguardar las condiciones sociales. Demostró, asimismo, que existen déficits fiscales buenos y déficits malos. Fue, entonces, una responsable administración estatal que optó por los buenos al privilegiar el crecimiento del PIB antes que disminuir los gastos estatales.
Alberto Bonadona Cossío es analista económico y docente universitario.
