La política salarial ha sido uno de los elementos más distintivos del Modelo Económico Plural (Modeplu) durante los primeros 14 años de su implementación. Este arte consistía en otorgar mejoras salariales a los trabajadores del sector formal superiores a la tasa de variación de precios de la economía, como un mecanismo para potenciar el crecimiento de la demanda interna e irradiar sus efectos positivos sobre toda la distribución de salarios. El incremento salarial llegó a convertirse en un poderoso mecanismo redistribuidor del ingreso que logró reducir la desigualdad de salarios y la pobreza de forma significativa, sin afectar la producción y el empleo que continuaron creciendo. ¡Eran otros tiempos!
En la actualidad, el anuncio de incremento salarial resulta inviable; pero no por las razones expuestas desde la retórica neoliberal, que le suele atribuir a despidos masivos de trabajadores y la segregación laboral. La verdadera causa para el “no incremento” radica en el desequilibrio fiscal y las presiones inflacionarias actuales, que limitan el impacto expansivo de la suba salarial sobre la demanda interna convirtiéndola en una medida ineficaz y amenaza con agravar la desestabilización macroeconómica por varias razones.
Primero, una subida en 10% al salario mínimo nacional (SMN) y 5% al haber básico no repone la pérdida total del poder adquisitivo provocada por una inflación que, en términos interanuales, ha superado el 15% y cuya tendencia apunta a seguir subiendo. Este desfase entre el crecimiento de los salarios monetarios y el aumento de los precios puede entenderse mejor con un ejemplo. El SMN subió de Bs 2. 500 a Bs 2.750, es decir, en Bs 250. Empero, esta mejora salarial solo cubre el aumento del precio de la carne de res desde Bs 45 a más de Bs 65 en un año. Para una familia promedio que consume tres kilos de carne a la semana, el gasto mensual adicional es de Bs 240=20*3*4. La pregunta es: ¿con qué dinero se cubre los más de 300 productos de la canasta del IPC que también han subido?
Segundo, el aumento de salarios en el sector público representa un gasto adicional por encima de Bs 1.500 millones. Surge entonces la pregunta: ¿de dónde provendrán los recursos para financiar la política? En 2024, la diferencia entre ingresos y gastos de todo el sector público fue de Bs 33.000 millones, cubierto en su mayor parte mediante préstamos del BCB. Dado que el Gobierno ya enfrenta dificultades para financiar el déficit fiscal, ¿se estará comprometiendo plata que no se tiene? En un contexto de desanclaje de expectativas inflacionarias, el mayor financiamiento fiscal a través de emisión monetaria conduciría irremediablemente a precios más altos. De continuar esta orientación expansiva, el incremento salarial terminará siendo financiado por el temible “impuesto inflación”.
Tercero, las empresas privadas, a diferencia del sector público, no pueden recurrir a créditos con el Banco Central, pero podrían endeudarse en el sistema financiero, siempre y cuando puedan repagarlo. Algunas otras optarán por recortar la nómina para mantener la misma carga salarial. Finalmente, otras trasladarán los costos de producción más altos a los consumidores vía alza de precios, reforzando las presiones inflacionarias. No obstante, este ajuste de precios también tiene sus límites determinados por la elasticidad de la demanda, ya que, a precios excesivamente altos, la contracción de la demanda no compensa los ingresos.
Ante la falta de políticas de ajuste macroeconómico discrecionales, la economía ha comenzado a ajustarse de forma endógena. La caída de los salarios reales, iniciada en 2024, es un ejemplo de ello y cuyo costo social se siente en la población boliviana. Lo más pernicioso de este ajuste interno es que crece de forma desenfrenada devorando el poder de compra del boliviano, mermando el consumo de los hogares y provocando caídas sistemáticas en ventas de las empresas que tarde o temprano terminarán precipitado la actual desaceleración económica a una recesión casi ineludible.
La economía boliviana ha ingresado en un peligroso periodo de inestabilidad macroeconómica arrastrada por la incertidumbre. ¿Son éstas, las consecuencias de adoptar una política económica del muy corto plazo frente a otra verdaderamente estructural?, ¿de priorizar la agenda electoral frente a la económica?
En un escenario como el actual, preservar la fuente laboral es la prioridad de todos los bolivianos, incluso si ello implica afrontar pérdidas nominales debido a la espiral inflacionaria en curso. Más allá de las reivindicaciones salariales, que son legítimas, lo realmente importante es garantizar los puestos de empleo y evitar caer en la ilusión monetaria de hacer creer a la población que los aumentos nominales son útiles. En momentos como éstos, la mejor política salarial no es aquella que incrementa salarios, sino la que logra estabilizar los precios de la economía.
*Es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien
