El 8 de noviembre de 2024, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Oscar Hassenteufel declaró: “Condénenme, no importa, la historia me absolverá. Creo que es momento que el pueblo boliviano ponga un freno a los excesos del Tribunal Constitucional”. Esto fue a raíz de una invasión que sufría a sus competencias de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al ordenarle suspender las elecciones nacionales judiciales, por las observaciones a las listas elaboradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). A la vez cuestionaba la legalidad de un Tribunal que se había autoprorrogado.
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Esta firme convicción se diluyó cuando vocales del Tribunal declararon su temor a ser sujetos de procesos penales y persecución judicial. Así la conspiración de obligar a un poder del Estado, el más débil o cooptado por el poder, daba resultados; otra cosa hubiera sido si la conminatoria se dirigía a quien cometió la falta, la ALP. Desnudada la debilidad, abrió la oportunidad para que le llovieran las órdenes: sentencia para reconocer la directiva de un partido, cuya ilegalidad ya había sido dictaminado por el TSE; inhabilitación de candidatos por un amparo presentado por diputados que cuestionan la Ley Electoral: igualmente se lo derivaron al TSE, cuando la modificación le corresponde a la ALP; desconocimiento de la personería jurídica de partidos que no obtuvieron el 3% de votación y que por ley fueron perdonados; cuestionamiento a la titularidad de la directiva de un partido, cuando el TSE ya había tomado decisión sobre el tema. Así el Tribunal Electoral sufre una “waikeada” de cualquier ciudadano que ve un hueco, para lograr lo que no pudo por la vía adecuada.
Como ya está marcada la debilidad del TSE, este panorama ha creado incertidumbre en la realización de las elecciones. Si realmente quieren cumplir con su deber, es hora de enmendar entuertos, antes que renunciar.
Lo primero es reivindicar la independencia y autonomía del TSE, el que se rige por leyes y normas internas. No puede recibir órdenes de otro poder; si sus normas pecan de inconstitucionales, deben ser modificadas por el órgano correspondiente, si se trata de una ley, por la Asamblea Legislativa. El mandato de los vocales es de seis años y la destitución sólo corresponde a través de un proceso; fue arbitraria la destitución por el presidente Arce de la vocal Chuquimia; el silencio de sus colegas rompe el espíritu de cuerpo de la institución colegiada.
El principio de preclusión implica no repetir actos cumplidos, pero también está el principio de lo irrevisable de sus resoluciones, aunque haya ordenes de otro poder. Esto no quiere decir que haya carta blanca para la arbitrariedad, está abierta el camino judicial para sancionar el incumplimiento de deberes o el actuar al margen de la ley. Los abogados se ufanan al señalar que la “única servidumbre que no empaña es el servicio a la ley”, por eso deben echar a la espalda cualquier temor en el cumplimiento del deber.
Un incordio que sigue sacudiendo a la sociedad boliviana es la arbitrariedad de los “autoprorrogados”, epíteto con el que el pueblo califica a los que se mantienen en el cargo, con disposiciones por ellos mismos sancionados. El TSE ha llevado a cabo las elecciones de los magistrados y les ha dado un mandato por un período determinado, el que se ha cumplido, por eso las resoluciones del TCP son ilegales y deben ser repudiadas como tales.
El pueblo boliviano ha luchado contra las dictaduras militares durante 18 años, ha soportado la “dictadura democrática” del pacto de los partidos neoliberales por 20 años; su lucha ha conquistado un Estado Plurinacional democrático, que no deja de estar asediado por intereses mezquinos. Es necesario buscar mecanismos de participación directa, libre de los partidos sin candidatos y los candidatos sin partido. Es una batalla creativa que nos espera; mientras tanto, busquemos no restringir la participación en las elecciones. La dispersión actual es fruto de la desinstitucionalización, la democracia sólo es tal cuando la participación es abierta para todos. Es hora que el Tribunal Supremo Electoral honre a quienes con su sacrificio conquistaron la democracia.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
