Son las 4 de la tarde, sol de invierno, minibús lleno, todos los pasajeros cabeza abajo prendidos del celular. En la primera fila una señora atenta a su WhatsApp, a su lado está sentado un niño de unos 9 ó 10 años pegado a su celular, sólo se hablaron cuando la mamá se dio cuenta que debían bajar de la movilidad. En el mismo transporte viajaban un par de adolescentes entre 13 ó 14 años que sordos por los audífonos estaban prendados del contenido de sus móviles. ¿Qué ven, qué escuchan, que escriben? Según una investigación realizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Universidad Católica Boliviana, junto a otras instituciones como Kids Online Red, de 1.200 adolescentes encuestados el 16% recibió mensajes, fotos, videos sexuales sin su consentimiento. Del grupo encuestado, 9.17% fue presionado a hablar de actos sexuales en línea, casi el 5% presionado a hacer algo sexual no deseado y otro casi 5% a mandar fotos o videos íntimos no consentidos. Indudablemente estos niños y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual o muy cerca de serlo.
Según datos de la Fiscalía, en 2024 Bolivia registró más de 11.000 denuncias de violencia sexual, de las cuales 2.696 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Antes de llegar a denunciar, las pequeñas víctimas callaron porque los agresores eran personas que vivían con ellos, sus padres, sus abuelos, sus primos, sus tíos, entre la cercanía y las amenazas pudo pasar mucho tiempo, porque no les creyeron, porque pensaron que mentían, o incluso, en el caso de las adolescentes, que habían adoptado actitudes provocadoras, sea con su ropa, su forma de caminar o bailar, etc.
El enjambre político que vive constantemente el país, no permite visibilizar estos temas como de alta prioridad en la salud mental y física de la población. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema público que debe ser atendido como tal, respondiendo con políticas públicas que tomen en cuenta a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, sin esperar a que sean jóvenes o adultos.
Los padres, tutores, maestros, no podemos conformarnos con entregar un celular, una Tablet, una computadora a un niño de 8 ó 10 años para que se distraiga y deje de molestar. Los adultos deben informarse sobre los peligros a los que se exponen los menores. Es necesario prestar mayor atención a la actividad familiar, no dejar de lado el afecto, el diálogo, la interactuación. Los niños y adolescentes son personas que ahora necesitan nuestra atención, seguramente con la dedicación que les prestemos podríamos evitar que sean víctimas de violencia sexual.
(*) Lucía Sauma es periodista
