Bolivia siempre logra sorprenderse a sí misma. Cuando uno cree que ya lo vio todo, aparece una nueva modalidad de gobierno: estar ausente sin estar ausente, viajar sin delegar y mandar sin soltar. No es magia. Es decreto.
El Decreto Supremo 5515, promulgado por Rodrigo Paz, nos introduce oficialmente en la era del presidente absoluto: está fuera del país, pero gobierna; no pisa Palacio, pero manda; no delega, pero insiste en que no hay “vacío de poder”. Un logro notable de la ingeniería política… y un síntoma claro de desconfianza institucional.
La explicación oficial es elegante: evitar vacíos. La explicación real es más humana: no soltar el mando ni por accidente.
Porque la Constitución —esa señora mayor a la que todos saludan, pero pocos escuchan— no se enreda en tecnicismos digitales. Es simple: si el Presidente se ausenta, el Vicepresidente asume. No parcialmente. No simbólicamente. Asume. Así funciona una república desde que existen repúblicas y hoy convertida en Estado Plurinacional…
Pero aquí aparece el problema no escrito en la CPE: el suplente. O más bien, el miedo al suplente. El vicepresidente Lara no inspira confianza. No por razones ideológicas, sino por razones prácticas: declaraciones intempestivas, acusaciones graves sin sustento público y una obsesión evidente por dinamitar su propio gobierno. Y, aun así, fue electo. No cayó del cielo ni fue impuesto por error técnico: llegó ahí porque hubo un acuerdo político previo. Foto incluida.
Pretender ahora neutralizarlo mediante decreto no es previsión, es pánico institucional.
Y el pánico nunca ha sido buen consejero constitucional.
Desde el entorno presidencial se insiste: “no hay inconstitucionalidad”. Tal vez. Pero sí hay algo más delicado: un precedente. Porque cuando el poder empieza a reinterpretar las reglas para adaptarlas a sus temores, la institucionalidad se vuelve elástica. Y cuando eso ocurre, siempre habrá alguien dispuesto a estirarla un poco más.
Hoy será un presidente gobernando desde el exterior “por unos días”. Mañana puede ser un presidente gobernando permanentemente desde fuera “porque se puede”. Pasado mañana, alguien dirá que la residencia ya no importa, que la presencia es un concepto antiguo y que la soberanía también se puede administrar por videollamada.
No es ciencia ficción. Es lógica política mal contenida. Lo más preocupante no es el decreto en sí, sino lo que revela: un gobierno que no confía en su propio vicepresidente y que, en lugar de enfrentar el problema por la vía institucional, prefiere rodearlo con normas para que no haga daño.
Pero aquí hay una contradicción mayor. Si Lara es tan peligroso como sus propias declaraciones lo sugieren, entonces el problema no se resuelve con Wi-Fi presidencial. Se resuelve con Estado de derecho. Con procesos, con responsabilidades y con Fiscalía.
Lara no acusa por deporte: insiste. Sostiene que este gobierno es corrupto y protector del narcotráfico y, como complemento, ha declarado una guerra personal contra el viceministro Justiniano, una cruzada cuidadosamente dirigida que compromete al entorno presidencial y a uno de los ministerios más sensibles del gabinete de Paz Pereira.
No estamos ante un arranque temperamental ni un exceso retórico. Estamos ante una imputación grave, de esas que no se lanzan y luego se guardan en el cajón del olvido. Y frente a eso, la política deja de ser escudo.
Las opciones son pocas y claras:
O prueba lo que dice.
O responde ante la justicia.
O ambos renuncian y se acusan con todas las reglas del debido proceso.
Lo que no es opción es mirar al techo, bajar la voz o fingir que aquí no pasa nada. Porque cuando el segundo hombre del poder lanza esas acusaciones y nadie reacciona, el mensaje es devastador: o algo se esconde o nadie se anima a enfrentarlo.
Rodrigo debería viajar tranquilo, cumplir su agenda internacional y dejar que el sistema funcione como debe. Si el Vicepresidente se equivoca, el costo será suyo. Así se aprende en democracia. Así se paga en política.
Pero si el Presidente insiste en gobernar desde lejos para no delegar ni por horas, entonces el problema ya no es Lara. El problema es otro: la incapacidad de soltar el poder incluso cuando la Constitución lo permite y lo ordena.
Y ese tipo de precedentes —aunque hoy parezcan cómodos— siempre terminan siendo utilizados por alguien menos cuidadoso, menos democrático y mucho más peligroso.
Porque en Bolivia, como en la vida, las malas ideas nunca mueren: solo esperan turno. Así de simple. Así de real…
