¿Es Bolivia un país políticamente inestable en grado extremo? La evidencia reciente sugiere que no. Entre 1982 y 2025, bajo un orden constitucional, el país eligió democráticamente a su presidente en 14 ocasiones. Solo en cuatro casos -Hernán Siles (1985), Hugo Banzer (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Evo Morales (2019)- los mandatarios no concluyeron su mandato, pero incluso entonces la sucesión se realizó conforme a la Constitución. De hecho, rankings internacionales sitúan a países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela como Estados más frágiles que Bolivia.
Este periodo contrasta fuertemente con el comprendido entre 1936 y 1981, cuando Bolivia tuvo 24 presidentes y solo seis llegaron al poder por la vía constitucional; de ellos, apenas tres completaron su mandato. Aquella etapa estuvo marcada por una profunda inestabilidad política, originada en intensos conflictos sociales por la distribución del ingreso y la organización económica del país.
Las consecuencias económicas de ambos periodos son claras. Entre 1982 y 2018, el PIB creció en promedio 2,3% anual, casi el doble del 1,2% registrado entre 1938 y 1981. Esto confirma que la inestabilidad política, aun cuando se sustente en causas legítimas, perjudica el crecimiento económico y termina afectando sobre todo a los sectores más vulnerables.
La inestabilidad tiene efectos distintos según el horizonte temporal. En el corto plazo, medidas como bloqueos de caminos generan pérdidas transitorias: encarecen precios y reducen ingresos, pero sus efectos se disipan una vez superado el conflicto. En el largo plazo, en cambio, la repetición de bloqueos, huelgas y protestas durante años desalienta la inversión e incluso provoca la salida de capitales, especialmente cuando se cuestionan los derechos de propiedad. Esto explica por qué la inestabilidad del periodo 1936–1981 tuvo impactos económicos más severos. Un ejemplo fue la caída de la producción agrícola en los valles de Cochabamba tras la reforma agraria de 1952, que redujo la oferta de alimentos y reavivó la inflación.
Estas reflexiones cobran relevancia frente al reciente cabildo de El Alto, realizado el 11 de abril de 2026, que otorgó al gobierno del presidente Rodrigo Paz un ultimátum de 15 días para atender un pliego de más de diez demandas. Es comprensible el malestar popular: el ajuste en los precios de los combustibles ha golpeado duramente el bolsillo de la población. Sin embargo, cabe preguntarse si este cabildo marca el inicio de una agenda orientada a desestabilizar al gobierno y al sistema democrático. No es posible afirmarlo con certeza, pero la perentoriedad y el tono de las exigencias resultan preocupantemente disruptivos.
La historia boliviana demuestra que la ausencia de democracia ha perjudicado más a las clases populares que a los sectores de mayores ingresos. Durante los gobiernos militares entre 1964 y 1982, especialmente bajo Barrientos y Banzer, se restringieron los derechos sindicales, la protesta social y las demandas laborales. Episodios como la Masacre de San Juan de 1967 y la represión a sindicatos campesinos en la provincia Aroma forman parte dolorosa de la memoria obrera y campesina del país.
Por ello, poner en riesgo el sistema democrático nunca debe formar parte de una agenda popular. Las demandas por mejores condiciones de vida son plenamente legítimas y deben ser defendidas, pero siempre dentro del marco democrático, que ha demostrado ser la mejor garantía para proteger, precisamente, a quienes menos tienen.
