Bolivia ha aprendido -no por virtud, sino por repetición- a desconfiar de los discursos que prometen demasiado y explican poco. Escucha, pero ya no concede el beneficio de la duda con facilidad. Compara. Contrasta. Y, sobre todo, mide la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se puede hacer.
El diagnóstico presentado por el Presidente en ocasión del Día del Trabajo es, en buena parte, innegable. Hay corrupción, hay instituciones debilitadas, hay empresas públicas que dejaron de ser orgullo para convertirse en carga. Se reconoce, incluso, que el Estado está quebrado en todos sus niveles. No es un exceso retórico. Es una descripción.
Pero el problema no está en lo que se reconoce, sino en lo que se deja sin explicar.
No hubo referencia a problemas que hoy marcan la vida cotidiana del país: el abastecimiento de combustible, la escasez de divisas, la presión sobre los precios, la expansión del narcotráfico, el avance del sicariato. No son asuntos marginales. Son la realidad inmediata. Y su omisión define qué se reconoce y qué se decide evadir.
Se habla de un “cambio irreversible”. Se presenta el momento actual como una nueva etapa, casi como la superación del modelo anterior. Pero ese quiebre no se define. Se enuncia, no se explica. Y si de lo que se trata es de cambiar el modelo que nos arrastró al abismo, entonces resulta imprescindible saber qué lo reemplaza. Porque cuando un sistema no se desmonta en sus fundamentos, no desaparece, persiste. A veces por decisión. Otras, simplemente por inercia.
Ahí aparece la primera fisura. Se anuncia una voluntad de ruptura, pero no se define el nuevo modelo.
Una ausencia particularmente delicada es la justicia. No se ha dicho nada sobre una reforma judicial de fondo. La estructura cuestionada durante años sigue intacta, apenas maquillada. Y esa misma cultura institucional se reproduce en buena parte de la administración pública.
Sin justicia independiente, cualquier reforma es frágil. Sin un sistema judicial creíble, no hay inversión, no hay seguridad jurídica, no hay Estado de derecho.
La comparación con Perú y Chile en materia minera apunta en la dirección correcta. Bolivia produce muy por debajo de su potencial. Pero la diferencia no está en los recursos, sino en las condiciones: seguridad jurídica, reglas estables, apertura a la inversión. Sin eso, la riqueza seguirá siendo una promesa incumplida.
El discurso también subraya el fin del partido único y celebra la fragmentación del poder político como expresión democrática. Es un dato relevante. Pero fragmentar no es reformar. La dispersión del poder puede limitar abusos, pero no garantiza transformación si las reglas de fondo permanecen intactas.
En el terreno económico, el discurso acierta al reconocer la gravedad de la situación. Rechazar aumentos salariales inviables no es insensibilidad; es asumir la realidad. Pero ahí mismo surge otra omisión decisiva: ¿qué se hará con las empresas estatales deficitarias? La mayoría -por no decir todas- arrastran problemas estructurales profundos. Y, sin embargo, no se plantea una línea de acción concreta. Peor aún, ya se ha anticipado públicamente la resistencia a la privatización en el caso de YPFB. ¿Es una excepción o una regla que se extenderá al conjunto del aparato estatal?
Sin una definición en ese punto, cualquier estrategia de recuperación queda incompleta.
Lo mismo ocurre con el paquete de leyes anunciado. Hidrocarburos, energía, inversiones. Todo puede ser necesario. Pero hay un límite que no se menciona: la Constitución. La actual CPE no es un marco neutro; es el cimiento del modelo económico vigente. Muchas de las reformas que se pretendan impulsar podrían chocar con barreras constitucionales. Es un problema jurídico, sí. Pero, sobre todo, político. Ignorarlo no lo resuelve.
Cuando se convoca a un gran diálogo nacional, la propuesta parece razonable. Bolivia necesita acuerdos amplios. Nadie discute eso. Pero el propio presidente reconoce que hay sectores que no quieren dialogar. Y no se trata de actores marginales: son los mismos con los que el poder masista negoció durante años y que también han sido reconocidos como interlocutores válidos por este gobierno.
Basta ver lo que ocurre hoy. La Central Obrera Boliviana ha declarado paro general indefinido y la radicalización de movilizaciones en todo el país. No es una señal de apertura. Es una señal de presión.
Si esos actores han construido su poder tensionando, bloqueando y condicionando, ¿qué los llevaría ahora a cambiar de comportamiento en una mesa más amplia?
Y hay algo más. Se pretende, implícitamente, que ese diálogo amplio defina el rumbo del país. Pero gobernar no es delegar esa responsabilidad en una mesa colectiva.
El rumbo ya fue señalado por el voto ciudadano. El mandato político ya fue definido en las urnas.
El diálogo puede servir para concertar, para viabilizar reformas, para reducir tensiones. Pero no sustituye la conducción. Y en momentos de crisis -que no es sólo económica, sino institucional y moral- lo que se requiere no es deliberación indefinida, sino decisiones claras.
A eso se suma otra limitación estructural. El diálogo, por sí mismo, no reemplaza el acuerdo político. Puede abrirlo, pero no lo garantiza. Y en Bolivia, una parte sustancial del problema está en el andamiaje jurídico que blindó el estatismo durante años. Ese entramado no se desmonta con encuentros, sino con decisiones que implican mayorías, pactos y costos.
Nadie podrá hacerlo sólo. Ni el gobierno, ni las regiones, ni los sectores sociales. La salida, si existe, es necesariamente compartida. Pero eso no exime al liderazgo. Quien gobierna tiene la responsabilidad de conducir.
Conviene decirlo con claridad. La población consciente no desea el fracaso del gobierno. Aspira a que le vaya bien, porque en ello está el destino del país. Pero apoyar no es batir palmas ni guardar silencio. Es señalar, con responsabilidad, lo que debe corregirse.
El discurso tiene un mérito: reconoce la crisis sin maquillarla. Pero ese mérito se diluye cuando no logra ordenar una salida creíble. Porque no basta con decir que el país está quebrado. Hay que explicar cómo se lo va a reconstruir. No basta con convocar a todos. Hay que definir bajo qué condiciones y con qué objetivos concretos.
Un desliz del editor dejó al descubierto una pregunta que no debía aparecer al final del mensaje presidencial: “¿Cuadra o no cuadra?”
La respuesta, vista en conjunto, es evidente.
No termina de cuadrar.
