Cualquier proceso para llegar a elecciones requiere de un mínimo de certidumbre y confianza en las instituciones. Hay que recordar que la finalidad de una cita electoral es la renovación de acuerdos y la reconfiguración legal y legítima de las fuerzas políticas. Al contrario de lo esperado, las próximas elecciones de agosto están fuertemente marcadas por la fragilidad institucional, la sensación de provisionalidad en las decisiones electorales, la fragmentación y antagonismo de los actores políticos, sumados a la angustia social causada por la incontrolable crisis económica, traducida en la vida diaria en el desabastecimiento de carburantes, el incremento desmesurado de precios, la escasez de insumos, subida del precio del dólar, y la caída de la capacidad productiva de empresas y emprendimientos económicos.
Como consecuencia de la crisis económica, se han agudizado los escenarios de conflictividad social con amenazas y medidas de presión sectoriales, sobre todo por parte de gremialistas, transportistas, comerciantes, farmacéuticas, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas mineros, vecinos y otros; sin lograr una respuesta positiva e inmediata por parte de las actuales autoridades de gobierno, lo cual puede decantar en un escenario de catástrofe poniendo en riesgo las elecciones, que se han convertido a estas alturas, en la única posibilidad para que las futuras autoridades —independientemente de quienes lleguen al poder—, encaren con responsabilidad, una crisis que se agrava cada día.
Sin embargo, en las últimas semanas, y en particular desde la convocatoria oficial a los comicios, han surgido una serie de factores intrínsecos al proceso electoral que generan una gran incertidumbre. Estos provienen fundamentalmente de dos ámbitos distintos pero conectados: la descomposición institucional y la degradación de los partidos.
Dentro del primer ámbito, las amenazas provienen del superpoder que representa, desde hace algunos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y que hoy ejerce de manera descarnada, para afectar el decurso de la política. Así, las decisiones del TCP se ponen por encima de las decisiones de otro órgano del Estado, que es el responsable directo de las elecciones, el órgano electoral. Al respecto, es absolutamente llamativa —a diferencia de elecciones anteriores— la cantidad de demandas e impugnaciones que han surgido, tanto contra la entidad electoral, como contra casi la totalidad de candidaturas y/o de organizaciones políticas. En los últimos días, se han presentado recursos judiciales a Salas Constitucionales en los distintos departamentos del país, que ponen en estado de provisionalidad todas las decisiones y pasos que conducen a la elección general. Amparos constitucionales, acciones de cumplimiento, acciones de libertad, denuncias, impugnaciones, acciones populares, y otras con argumentos forzados (o no), que buscan inhabilitar partidos y candidatos, o cuestionar las decisiones del TSE.
De esta manera, la justicia se ha convertido en una fuerza institucional antidemocrática, pues debido a los preceptos constitucionales, la entidad electoral se ve obligada a someterse a los mandatos de dicho tribunal, y esperar los fallos correspondientes en respuesta a las demandas ciudadanas que son admitidas. Esta situación ya se experimentó en las elecciones judiciales de diciembre de 2024, y terminó con elecciones parciales, de donde provienen justamente, las autoridades no renovadas «los autoprorrogados» quienes hoy y desde ese lugar, ejercen su poder sobre las actuales elecciones generales. Las estrategias para impedir que se repita aquella situación son básicamente dos, y ambas ya han sido impulsadas por la entidad electoral sin resultados. La primera, es la aprobación de una Ley de Preclusión que pueda blindar las distintas fases y decisiones del órgano electoral; y la segunda, es propiciar acuerdos políticos de alto nivel, que garanticen las próximas elecciones. Si bien ambas se han iniciado, ninguna se ha consolidado hasta el presente.
Pero no solo la injerencia del órgano judicial es responsable de esta situación. La Asamblea Legislativa que se encuentra en un absoluto estado de descomposición, no ha logrado reaccionar positivamente, con la rápida aprobación, por ejemplo, de la ley de Preclusión mencionada anteriormente.
Es evidente que el OEP tiene también un alto grado de responsabilidad, porque ha demostrado en los últimos años una falta de consistencia interna, autoridad y precariedad en sus decisiones. La excesiva laxitud con que ha tratado el proceso de habilitación de organizaciones políticas, ampliando sucesivamente los plazos establecidos por ley para la adecuación de estatutos, el parco y cuestionado acompañamiento a los procesos de democratización interna de los partidos, la actitud de vulnerabilidad frente a los fallos judiciales, entre otras, hace imprescindible recordar de manera insistente que es un órgano con independencia y único y directo responsable de las elecciones.
A nivel de los partidos, la disputa política es multivectorial, pues no solo se percibe la clásica confrontación entre oficialismo y oposición, sino que se dirime en un escenario de alta fragmentación de las opciones políticas. El bloque popular que aglutinó históricamente el MAS, está dividido en al menos tres candidaturas (Del Castillo, Andrónico Rodríguez y Eva Copa), además del sector evista que no ha logrado oficializar la candidatura de su líder. Las disputas entre ellos, son de tinte personalista y mutuamente descalificador más que ideológico, y se expresan en declaraciones, acciones judiciales y el irremediable escenario de presión en las calles, con resultados imprevisibles.
En el otro flanco, después de infructuosos esfuerzos de unidad, la oposición presenta candidaturas divididas, marcadas también por el personalismo y las pulsiones de poder, antes que por distancias o discrepancias ideológicas estructurales. Este bloque está representado fundamentalmente por Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, y otras recientes de menor alcance. Los partidos —o más bien siglas— existentes, se han prestado al juego de candidatos externos y propuestas ajenas a la organización, mostrando su nivel de degradación.
Este es el escenario enrevesado en que intentan ponerse de pie las próximas elecciones. Si las instituciones no logran imponer su autoridad y aplicar la normativa, y no se logran grandes acuerdos políticos que trasciendan intereses particulares, estamos ante el momento de mayor riesgo para el sistema democrático electoral de las últimas décadas.
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