A pocos meses de las elecciones presidenciales de agosto, Bolivia atraviesa una de las protestas más cruentas de los últimos años. Los bloqueos de carreteras, enfrentamientos armados, la muerte de cuatro efectivos policiales y al menos dos civiles, han marcado un punto de inflexión en la crisis política que vive el país. La violencia ha teñido de luto el panorama político nacional, evidenciando la profundidad de las fracturas sociales y la fragilidad institucional.
Roger Cortez Hurtado, investigador y analista de temas sociales, económicos y políticos, fue candidato presidencial en 1989 por el Partido Socialista-1 y vivió en carne propia las irregularidades electorales cuando fue uno de los perjudicados por miembros de la entonces Corte Nacional Electoral, conocidos luego como «la banda de los cuatro». Su experiencia y conocimiento profundo de las dinámicas políticas bolivianas lo convierten en una voz relevante para analizar la dinámica actual.
En esta entrevista exclusiva con Animal Político, de La Razón, Cortez ofrece una radiografía integral de la crisis boliviana: desde la fragmentación de la coalición social que sostuvo al MAS durante casi dos décadas, hasta los riesgos que enfrenta el proceso electoral por la manipulación de instituciones clave como el Tribunal Constitucional Plurinacional. El analista advierte sobre el «elefante en la sala» que nadie quiere abordar: la suspensión de facto de la Constitución y la necesidad urgente de pacificación antes de pensar en otros ajustes.
Para nuestro invitado, los eventos recientes no son episodios aislados, sino la manifestación de un proceso más amplio. «Los siete días transcurridos reflejan de una manera todavía comprimida, insuficiente, un camino más largo, que es el de un reacomodo integral de fuerzas sociales en el país», explica.
Crisis múltiple, violencia y luto
La violencia que ha sacudido al país en los últimos días ha dejado un saldo trágico. Los enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos de manifestantes afines a Evo Morales han resultado en la muerte de al menos seis conciudadanos.
Los incidentes más graves se registraron en Llallagua, un poblado minero en Potosí, y en las vías que conectan La Paz con Cochabamba. Para Cortez, esta violencia no es casual ni espontánea, sino que forma parte de una estrategia más amplia que involucra actores con capacidad de organización militar.
«Esta violencia extrema aparece con una posible vinculación con estas carpas solares de cultivo de cannabis, a 25 kilómetros del lugar de los hechos», afirma. El analista hace referencia particular al caso de un joven bachiller que, según relatos periodísticos, habría sido acusado de ser el soplón de la policía, y después de haber caminado 40 kilómetros para volver a su hogar, acabó siendo sacrificado.
Esta escalada de violencia, señala, evidencia la existencia de «grupos conformados ya de milicias y comandos que no solo están actuando ahora en bloqueos sino lo han hecho antes», lo que representa una amenaza directa a la estabilidad democrática del país.
Fragmentación del oficialismo
Uno de los aspectos más significativos del análisis de Cortez es su explicación sobre la desintegración de la coalición social que sostuvo al Movimiento Al Socialismo (MAS) durante sus años de hegemonía. Según el investigador, «desde la instauración del gobierno del señor Luis Arce Catacora, podemos presenciar el astillamiento de una coalición social muy durable en los términos concretos de la formación boliviana, que se resumía en la adhesión masiva electoral y política a la dirección del MAS».
Esta fragmentación, explica Cortez, tiene sus raíces en los eventos de 2019 y se ha profundizado hasta llegar al momento actual, donde «la coalición se ha fragmentado en dos grandes grupos». El primero es el que representa el gobierno actual, «que expresa de forma muy decaída y menguada el componente de clases medias urbanas», simbolizado en la candidatura del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El segundo grupo está dividido internamente entre dos sectores campesinos. Por un lado, el que lidera Evo Morales, donde están «los cocaleros del Chapare, que se han ido aislando, se han ido enquistando», junto con «los colonizadores que llegaron a las Tierras Bajas del Este y que tienen su expresión más combativa en sectores como San Julián».
Por otro lado, está «el incipiente liderazgo del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, que comanda dos de las facciones más combativas urbano-rurales», incluyendo «los colonizadores, hijos y nietos ahora más bien de quienes llegaron a las Tierras Bajas del Este, y vanguardia de la expansión del mercado ilícito de tierras», junto con «los cooperativistas mineros, principalmente los auríferos».
Cortez describe a estos últimos como «dos de los grupos sociales más fuertes, más organizados, más cohesionados y con capacidad de organización», que han demostrado su poder «conformando comandos civiles armados, tanto en Santa Cruz, defendiendo sus avances sobre tierras comunitarias de origen, territorios indígenas, parques nacionales y reservas naturales».
Situación de las oposiciones
Respecto a las fuerzas opositoras, nuestro invitado es igualmente crítico. Describe a la oposición tradicional como «un grupo importante, sobre todo empresarial, que no termina de entender al país; que es incapaz de detenerse en una reflexión democrática» sobre las dinámicas sociales bolivianas.
En cuanto a figuras específicas como Manfred Reyes Villa, el analista es severo y apunta que «el problema para una figura como la del alcalde cochabambino, es que llega a intuir esa posibilidad (de representar el clamor de orden), pero ya ha renunciado a ella».
Cortez argumenta que cuando Reyes Villa «subraya en estos días que no está renunciando a la alcaldía, sino que está pidiendo licencia, echa al piso, hace pedazos esa propaganda del hombre impetuoso, imparable, y se convierte en un burócrata más». Esta actitud, sostiene, lo descalifica como una alternativa real de cambio.
Sobre Eva Copa, otra figura que emerge en el panorama político del lado de lo popular, Cortez sugiriendo que su papel aún está en definición dentro del complejo mapa político boliviano.
Proceso electoral en riesgo
Para Cortez, la cumbre realizada en Santa Cruz entre los diferentes actores políticos fue «una reunión fallida, esencialmente, porque no aborda la cuestión fundamental de la ’normalización del proceso electoral’».
El analista resta importancia a la ausencia y disidencia de Evo Morales, prefiriendo centrarse en otra variable. «El mayor riesgo de este proceso electoral es la posibilidad o la reiteración de una posibilidad de manipulación y no por la vía de un manejo de ánforas», advierte.
Cortez hace entonces una distinción clave sobre los eventos de 2019. «Sí hubo manipulación de datos, hay muchos elementos que lo consolidan así, en la noche del cómputo, pero el tamaño nunca se ha verificado, porque lo que le bastaba al gobierno de Evo Morales en ese entonces era una cifra no equivalente a 10% o 20% (de los votos), sino una cifra menor que le permitía evadir la segunda vuelta».
Sin embargo, el problema central, según el investigador, es que «el fraude se dio en el sentido de la manipulación del Órgano Electoral», y esta situación persiste.
Para Cortez, el quiebre del orden constitucional se produjo en 2017 con la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que «desconoce al referendo de 2016, pero también desconoce al referendo de febrero de 2009 que aprobó la Constitución».
Así, «el TCP se sitúa por encima de la Constitución», denuncia. Critica que en la reunión de Santa Cruz «nadie habla del papel del presidente del TCP constituido hoy día por un grupo delictivo, francamente, no solo en materia constitucional. Un grupo de lesa constitución».
El elefante en la sala
Para Cortez, el problema fundamental y que nadie quiere abordar es que «la Constitución está suspendida en Bolivia». El analista argumenta que existe «un grupo de personas en el TCP que suplanta la Constitución. Es su palabra la que importa y no la CPE», remarca.
Esta situación genera una paradoja: «la oposición odia la constitución porque la supone, equivocadamente, como masista y evista. Cuando son Evo y el MAS quienes más empellones le han dado. La han desconocido. Entonces, nadie la reconoce, ni los opositores ni los oficialistas y el soberano ha quedado en el descampado».
La solución, según Cortez, pasa por reconocer que la Constitución de 2009 representa un proceso que fue «lo más participativo, lo más deliberativo, porque la deliberación precede con harto a la Asamblea Constituyente. Se extiende desde la década de 1990, desde finales del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En realidad, está adelante con una década de deliberación» respecto a la Constituyente.
El investigador insiste en que «un pacto social mayor que el de la Constitución vigente, es imposible. No solo aquí, en Bolivia, sino en todo el continente. Ninguna de las reformas constitucionales de Sudamérica tiene las características participativas profundas de esta CPE».
Por tanto, para Cortez, «el inicio de este proceso tanto en lo coyuntural tanto en lo que hace a pacificación y vigencia de reglas, es que el árbitro electoral sea el Tribunal Supremo Electoral y las normas vigentes y no el TCP». Esto requiere que «seamos serios y, para empezar, que vayamos a unas elecciones sin estos cinco señores (del TCP). No pueden estar ellos, tienen que estar en capilla pensando su proceso, su juicio, porque tienen que rendirle cuentas al país», sentencia.
Nuestro invitado aboga por recuperar el respeto a la Constitución como base fundamental e insalvable para iniciar un camino que restablezca la convivencia pacífica.
Perspectivas sombrías
El diagnóstico del especialista sobre el futuro inmediato es pesimista. Observa que «vamos a una cita electoral completamente ahuecada, porque los dos bloques, los dos sectores que se confrontan, llegan a ellas desgastados por distintas causas y sin una propuesta fundamental de cambio, de la magnitud del cambio que requiere el país».
Cortez tiene dudas sobre un eventual mandato del actual presidente del Senado. «Un gobierno del señor Rodríguez Ledezma, llegaría con unas expectativas infladísimas y también con una ambigüedad brutal», asevera.
«El problema de Rodríguez Ledezma, es su ambigüedad», reitera, particularmente en su relación con Evo Morales. «Al mismo tiempo que se desprende la figura del padre que lo repudia y se aleja, se ve obligado por su origen social y geográfico a exaltarlo, a sacralizarlo y alabarlo». Para Cortez, esta contradicción representa un equilibrio imposible de mantener. “Lo es ahora y en función de gobierno, peor aun».
En su reflexión final, el investigador concluye que en la política boliviana hoy «domina la anécdota. Domina lo anecdótico policial, el boletín predomina sobre las cosas de fondo». Advierte que «la capacidad que tuvo nuestro país de reaccionar ante estas situaciones de emergencia actualmente está muy golpeada».
Estos factores configuran un escenario de alta incertidumbre para Bolivia en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025, donde la violencia reciente podría ser apenas un anticipo de turbulencias mayores si no se abordan las causas estructurales de la crisis múltiple en que estamos.
