El pasado 25 de junio, en la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo el Foro Agropecuario organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En el evento participaron los candidatos Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina. En el evento, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, planteó las reivindicaciones del sector y anunció el inicio de un «nuevo momento liberal» en el país, en el que —según su visión— la libertad y la economía serían conducidas por quienes encarnan dichos ideales: los candidatos presentes.
En el ámbito de la reforma agraria, la promesa más destacada fue el compromiso de enfrentar frontalmente los avasallamientos de tierras. Las demás propuestas —como la reducción de impuestos al sector, el uso de la pequeña propiedad como garantía bancaria, la titulación de tierras, la postergación de la verificación de la Función Económica Social (FES) por diez años, la eliminación de la reversión de tierras por incumplimiento de esa función y la reactivación de la Comisión Agraria Departamental (CAD)—, no pasaron de ser sino una colección de demandas sectoriales y ofertas electorales complejas de viabilizar, por decir lo menos. No hubo debate, ni se discutieron políticas públicas o visiones de país que trasciendan la actual coyuntura.
Un ejemplo paradigmático de la desconexión entre las propuestas y la realidad fue la oferta de reducir impuestos a un sector que apenas los paga. De acuerdo con el Registro Agropecuario Unificado (RAU), bajo el cual clasifican el 90% de los predios medianos y empresariales del país, la tasa anual del impuesto a la tierra, en tierras bajas, es de 8,7 Bs/ha para la actividad agrícola y 0,6 Bs/ha para la actividad pecuaria. Con esta referencia, en 2023 se recaudaron Bs 26 millones, y considerando que la propiedad empresarial titulada y en proceso suman 17,8 Mha, el costo promedio pagado por hectárea es menor a 1,5 Bs por año, valor que equivale al pago de dos marraquetas en cualquier mercado de barrio.
La propuesta de suspender por diez años la verificación de la Función Económica Social (FES) evidencia la incomodidad del sector empresarial con este instrumento. Para evitarlo, en 2013 se aprobó la Ley n.º 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que, en la práctica, significó un perdón generalizado por desmontes ilegales, reduciendo la responsabilidad de los infractores a reforestar el 10% del área afectada. Posteriormente, en 2015, la Ley n.º 740 amplió el plazo de verificación de la FES hasta 2020. Más recientemente, se presentó en la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto para extender nuevamente el plazo, esta vez por siete años, con el argumento de «garantizar la seguridad alimentaria y la inversión privada».
Esta resistencia a la verificación de la FES podría tener dos explicaciones: a) que mayoritariamente los empresarios incumplen la FES y, b) que este instrumento se ha convertido en un mecanismo de presión o extorsión por algunos grupos para despojarlos de sus tierras. Empero, cualquiera que sea la razón, la prórroga solo posterga el problema sin resolverlo. De hecho, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no ha realizado hasta ahora una verificación masiva del cumplimiento de la FES.
Respecto a la titulación de tierras, es importante señalar que el 94% de la superficie rural del país —97 Mha— ya está titulada y goza de seguridad jurídica, con más de 1,5 millones de títulos emitidos. Solo resta titular 6,7 millones de hectáreas, que son aproximadamente 300 mil predios, de los cuales el 95% se encuentra en el altiplano y los valles. Para el sector empresarial resta titular menos de 1500 títulos. Es decir, cerrar este tema ya es solo una cuestión de tiempo. En cambio, los avasallamientos sí representan un grave problema, porque el hecho de afectar un solo predio debilita toda la institucionalidad agraria.
Sobre el acceso de los pequeños productores al crédito, se debe saber que desde el 13 de septiembre de 2024 se encuentra en el Senado el Proyecto de Ley n.º 157/2023-2024, que autoriza al INRA a convertir la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial. De aprobarse esta ley, la misma facilitaría el uso de la tierra como garantía crediticia. La paradoja surge cuando los candidatos desconocen esta iniciativa legislativa, y la anuncian como objetivo de campaña.
En cuanto al medio ambiente, el presidente de la CAO afirmó en el foro que el sector agropecuario «protege los bosques y no los quema». Sin embargo, los datos oficiales desmienten esa afirmación. Entre 2020 y 2024, las hectáreas quemadas por el sector empresarial en Santa Cruz pasaron de 400 mil a 1,3 millones. En promedio, este sector quema al menos un 50% más que los pequeños productores y las comunidades campesinas. Ambas partes han sido responsables de los incendios que, en 2024, afectaron territorios indígenas, parques y áreas protegidas. A pesar de esta situación crítica, el tema ambiental estuvo ausente en las propuestas, y el candidato Samuel Doria Medina incluso declaró que, en caso de conflicto, priorizará la producción sobre el medio ambiente.
Hacia un mañana agropecuario
En este deslucido escenario de propuestas y visiones, es necesario entender que la reforma agraria y sus reivindicaciones sociales, tras 72 años de vigencia como política pública, ya casi ha concluido. Hoy existe una nueva estructura de tenencia de la tierra, equitativa e inclusiva, donde el 94% de los derechos de propiedad están definidos. El nuevo ciclo de la reforma agraria tiene que ver con sostener estos logros y responder a temas como la emergencia climática y el déficit institucional en la gestión medioambiental. Es decir, construir un modelo de gestión que promueva el uso sustentable de la tierra, que genere riqueza, y preserve los recursos naturales. Esto exige proponer políticas públicas a la altura de las circunstancias. Es decir, apostar a la construcción de una gran política agropecuaria y agroambiental, con participación plena de los sectores agroempresariales, los pequeños productores, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, y en este proceso alcanzar, entre otros, acuerdos que permitan:
- a) Delimitar la frontera de expansión agropecuaria, lo que no solo ordenaría las inversiones públicas y privadas, sino que también contribuiría a reducir la deforestación y los daños ambientales.
- b) Superar la visión punitiva de la Función Económica Social (FES) y convertirla en un instrumento que incentive el uso sustentable de la tierra. Este giro es ahora determinante.
- c) Vincular los derechos de propiedad a una política impositiva justa y efectiva, lo cual fortalecería la capacidad del Estado para ejercer control sobre el uso de la tierra.
- d) Ajustar las reglas del sistema financiero para que los pequeños productores, tanto individuales como comunitarios, puedan acceder al crédito sin vulnerar la Constitución Política del Estado. Esto sería una medida profundamente transformadora.
- e) Resolver el problema de los avasallamientos, lo que no solo implica el uso de la fuerza pública y la sanción a los responsables, sino también el compromiso de todos los actores institucionales con el cumplimiento de sus funciones.
- f) Mejorar la estructura institucional agraria y ambiental (INRA, ABT, SENASAG) para un mejor desempeño.
- g) El INRA debe concluir el saneamiento de las 6,7 Mha pendientes; y el poder judicial debe intervenir solo desde la jurisdicción agroambiental para resolver los conflictos legales agrarios.
- h) A mediano plazo, es imprescindible establecer un nuevo marco regulatorio agroambiental que actualice, simplifique y coordine los esfuerzos públicos, evitando duplicidades, dispersiones y vacíos normativos.
Hoy Bolivia enfrenta una crisis económica, ambiental y social que exige propuestas claras, viables y con horizonte. Es hora de dejar atrás las promesas huecas y las concesiones corporativas, y avanzar sobre tierra firme, construyendo bienestar, equidad e inclusión para todos los bolivianos —del presente y del futuro—, honrando el mandato constitucional que reza: que la tierra sea para quien la trabaje sustentablemente.
Juan de Dios Fernández Fuentes es agrarista y doctor en economía de los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
