Bolivia se aproxima al 17 de agosto de 2025 como se aproximan los pueblos a los momentos que definen siglos: con una mezcla de miedo, esperanza y la certeza de que, al día siguiente, nada será igual. Esta no es una elección más, ni siquiera un cambio rutinario de gobierno: es el epílogo de una era política y, tal vez, el prólogo de un país nuevo o de una repetición trágica. Desde 2006, el proyecto plurinacional —construido en torno al Movimiento al Socialismo (MAS)— ha marcado el pulso de la política nacional, instaurando un relato hegemónico que combinó identidad, control estatal de la economía y un discurso de reparación histórica. Pero el ciclo se agota, las fisuras se multiplican y el poder, como si hubiera aprendido a vivir del conflicto, se enfrenta a su último gran examen.
Max Weber definió el poder como la capacidad de imponer la voluntad propia incluso contra la resistencia de otros. Hannah Arendt, en cambio, lo entendía como la fuerza que surge de la acción colectiva, del pacto que se renueva mientras exista consenso. En Bolivia, esta tensión entre imposición y legitimidad ha atravesado todas las etapas de su historia contemporánea: desde las reformas nacionalistas de 1952 hasta la recuperación democrática de 1982, pasando por las convulsiones de 2003. La elección de 2025 no escapa a esta dialéctica; de hecho, la encarna en su estado más puro.
Momento de urgencias
El contexto económico ha convertido la campaña en una contienda marcada por la urgencia. La inflación más alta en cuatro décadas erosiona el poder adquisitivo de las familias, el boliviano se desploma en el mercado paralelo y pierde hasta la mitad de su valor real, y el déficit fiscal ha pasado de ser un problema de coyuntura a un desgarro estructural. El contrabando se ha normalizado como motor de la economía informal, y en las calles se respira la sensación de que el Estado ha perdido la capacidad de ordenar el mercado y proteger a los más vulnerables. La teoría de la elección racional advierte que en contextos de crisis prolongada, el votante se convierte en un actor eminentemente pragmático: menos dispuesto a respaldar lealtades históricas y más atento a quién puede ofrecer, de inmediato, un horizonte de estabilidad.
El MAS llega a esta cita con una fractura interna que es mucho más que una pelea de liderazgo entre Evo Morales y Luis Arce. Es la evidencia de que el bloque histórico que sostuvo al partido ha perdido cohesión. Antonio Gramsci hablaba de “crisis de hegemonía” cuando la dirección política deja de ser reconocida como legítima por sus propias bases. Eso es lo que ocurre ahora: las comunidades aymaras y quechuas, antes fortaleza impenetrable, han comenzado a desconfiar, cansadas de discursos que no llenan ollas ni mejoran hospitales. La retórica plurinacional, sin resultados tangibles, se agota, y las luchas internas por el control del aparato partidario revelan que el poder se ha convertido en botín más que en instrumento de servicio público.
En este vacío crecen otros actores. Samuel Doria Medina, empresario de centro-derecha y veterano de la arena electoral, ha emergido como el rostro del pragmatismo económico. Su propuesta incluye restaurar la autonomía del Banco Central, abrir las puertas a organismos internacionales como el FMI, implementar un plan de estabilización macroeconómica y perseguir la corrupción con un sistema judicial fortalecido. Sus críticos lo ven como el regreso del neoliberalismo; sus seguidores, como el único con las competencias técnicas para rescatar la economía. Andrónico Rodríguez, heredero de una fracción del MAS, intenta presentarse como continuidad renovada, pero su juventud y su cercanía con la vieja guardia lo han convertido en blanco de una narrativa que lo asocia directamente con los fracasos recientes.
Un camino azaroso
El camino hacia estas elecciones ha estado lejos de la normalidad democrática. En mayo, protestas violentas, impulsadas por sectores leales a Morales, bloquearon el Tribunal Supremo Electoral, poniendo en riesgo la continuidad del proceso. En junio, un intento de golpe de Estado, nacido de la pugna Morales-Arce, evidenció que las disputas internas pueden escalar hasta amenazar la institucionalidad. La historia boliviana conoce bien los efectos de la fragilidad institucional: en 1952, el viejo orden colapsó bajo el peso de una revolución; en 1980, la democracia fue interrumpida por golpes militares; en 2003, un gobierno cayó en cuestión de semanas ante la presión social. En todos esos casos, el quiebre no fue improvisado: fue el resultado de un deterioro progresivo en la confianza entre gobernantes y gobernados.
Hannah Arendt advirtió que cuando el poder se desvincula del consenso, degenera en mera violencia. En Bolivia, esa lección se siente como advertencia viva. Las manifestaciones, bloqueos y amenazas de ruptura institucional muestran que el juego político se ha vuelto rehén de facciones dispuestas a usar cualquier herramienta para imponer su voluntad. Aquí no se trata solo de izquierda contra derecha, ni de populismo contra tecnocracia: se trata de definir si el poder será limitado por normas e instituciones o si seguirá siendo patrimonio de quienes logren conquistarlo en una contienda electoral.
Una votación decisiva
El 17 de agosto, el voto no será únicamente una preferencia electoral: será una declaración sobre la naturaleza misma del poder. Si el resultado conduce a un cambio que rompa con el ciclo de facciones, habrá un paso hacia un pacto político estable. Pero si se limita a un relevo de élites, la estructura que alimenta corrupción, clientelismo y fragilidad institucional seguirá intacta. Y entonces, lo que se presente como victoria en la noche del conteo rápido será, en realidad, una prórroga del problema.
Gramsci escribió que “lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno surgen los monstruos”. Bolivia está, exactamente, en ese interregno. El MAS, en declive, no logra ofrecer un nuevo relato; la oposición, con figuras como Doria Medina, ofrece una alternativa económica pero no necesariamente una refundación institucional. Entre ambas fuerzas se abre un espacio donde la sociedad civil podría reclamar un nuevo pacto, pero para ello necesita voluntad de construcción, algo que no se decreta desde un programa electoral, sino que se cultiva con transparencia, educación cívica y compromiso real.
En 2025, Bolivia tiene ante sí una oportunidad histórica. Puede seguir la senda pendular que ha oscilado entre concentración y dispersión del poder, o puede fundar un orden donde el poder sea medio y no fin. Puede repetir la historia de 1982, cuando la democracia se consolidó gracias a un consenso amplio, o puede revivir la crisis de 2003, cuando la incapacidad de escuchar al pueblo derivó en caída y caos. La diferencia no la marcará un candidato, sino la capacidad colectiva para comprender que la democracia no es un botín que se reparte cada cinco años, sino un pacto que se defiende todos los días.
La última batalla por el alma del poder no se decidirá en la plaza Murillo, ni en el hemiciclo, ni en los pasillos del Tribunal Electoral. Se decidirá en la conciencia de cada votante, en la disposición de cada ciudadano a exigir que quien gobierne entienda que el verdadero triunfo no es conquistar el Estado, sino garantizar que nadie pueda apropiárselo. Si el 17 de agosto Bolivia consigue dar ese paso, la historia recordará esta elección como el día en que un país dejó de temerle a su futuro. Si no lo hace, será una página más en la larga crónica de oportunidades perdidas que han marcado su destino.
