Toda crisis implica oportunidad y una crisis política se la vence con inteligencia, sentido común y mucha política. Sin enredarnos en disquisiciones de si estamos ante otro ciclo político o no, lo evidente es que este lunes empezó, luego de dos décadas, un gobierno de signo contrario. Este gobierno habrá de asumir una policrisis al medio de un escenario político en extremo precario, porque casi todo es resultado de circunstancias accidentales.
Sin embargo, frente a cualquier consideración escéptica, es una oportunidad de oro porque hay una enorme disposición en el ánimo colectivo y corporativo para superar la crisis con un modelo político y económico alternativo. Es más, urge cambiar la situación de forma radical porque estamos cansados de ver o hacer cola por combustible, de estar pendientes del dólar, de ir al mercado para sufrir especulación y, en general, de vivir angustiados por la incertidumbre.
Pero Bolivia, Bolivia, Bolivia, siempre Bolivia primero, no es suficiente. Es un buen gesto, es un cambio de eje discursivo que alivia frente a la machaconería identitaria y habla de una voluntad con acento en nosotros mismos, vistos como conjunto más allá de la diversidad. Eso está bien, pero tampoco alcanza, por la misma razón que el exceso discursivo del Proceso de Cambio agotó y liquidó al MAS, que había sustituido la realidad con el dulce encanto del gobierno y del poder; los discursos alientan, ganan tiempo, pero no se comen y la gente espera de la política mejores condiciones de vida y mayores expectativas.
Acabó la propaganda y los discursos, estamos frente a la realidad prosaica, dura, conflictiva y sin velos. Las elecciones generales terminaron, lo mismo que la compraventa de encuestas y sus fallidos pronósticos y los discursos poco claros que acrecentaron la incertidumbre. Hoy solo cuentan las propuestas y los compromisos del gobierno electo y, en consecuencia, las preocupaciones por su cumplimiento. Ahora todo corre con calendario, en tiempo real y con actores sociales de carne y hueso que se movilizarán por sus intereses concretos.
Lo bueno es que se empezó por donde se debía, buscar financiamiento externo para tranquilizar, generar confianza y programar la devolución de los dos mil quinientos millones de dólares cuasi confiscados de cuentas particulares. No hay país en el mundo que funcione sin crédito externo o interno; empezando de la todavía primera potencia del mundo que también es el más grande deudor. Si algo descalabró la economía boliviana fue el sabotaje legislativo de los créditos, porque contrajo el flujo de divisas y junto a la caída de los ingresos del gas terminaron de desequilibrar una economía que por más de una década arrastra un enorme déficit fiscal y que paga con divisas los onerosos y dispendiosos subsidios a la gasolina y el diésel.
También es un buen signo que el discurso gubernamental haga foco en la producción. La bonanza y las enormes inversiones públicas nos hizo olvidar que la principal fuente de riqueza es aquella que genera la sociedad entre millones de individuos, familias y empresas, todos privados porque no dependen del Estado sino de sí mismos. El grueso de la alimentación diaria es producido por pequeños productores rurales y campesinos, salvo el caso de las factorías que producen carne o leche que están a cargo de empresas agropecuarias o industrias o lo que no producimos y que se debe importar (la harina de trigo para hacer pan).
También es importante el consenso con el cual se han elegido las directivas camarales. En fin, volvemos a recordar, porque habíamos olvidado; el caso de la UDP, dramático y fatal, en el primer tramo de nuestra democracia, y que volvió a pasar con el gobierno último. No hay viabilidad gubernamental sin coordinación entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo. Resta saber si las Directivas y Comisiones serán productivas, porque las responsabilidades legislativas son enormes y apremian. Hay que elegir, como manda la Constitución Política, a los titulares de las principales entidades públicas como la Contraloría, el Banco Central, ASFI, etc., lo mismo que urge aprobar la convocatoria para los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es imprescindible el consenso legislativo para las ternas y las respectivas leyes.
Ojalá esta cantidad promisoria de elementos para la gobernabilidad y la consistencia frente a la crisis sea acompañada por un gabinete que combine especialidad técnica y experiencia política. Las problemáticas de gobierno y la crisis superan a tecnócratas o empresarios que saben de problemas técnicos o empresa, pero no de la cosa pública y menos del consenso democrático que exige una política pública; en el caso de los empresarios, es muy grave los obvios conflictos de interés.
Los otros signos hacen referencia a precariedad y poca coherencia. Por ejemplo, el entusiasmo por disminuir los ministerios no duró ni el fin de semana, empezando por el de Minería, que ante la amenaza de reunión de cooperativistas el gobierno debió recular de inmediato. Tendrá que pasar lo mismo con la complicada cuestión del Medio Ambiente. Obviamente, semejante responsabilidad no puede quedar en manos del agronegocio, principal sector responsable de los incendios en el oriente. La gestión ambiental es una cuestión crítica, hay enormes pasivos y más cuando el mundo discute hacer algo importante frente al inocultable colapso climático.
¿Cómo se probará la adecuada comprensión de las problemáticas, el tino político y la capacidad de gobierno por enfrentar la crisis? Lo sabremos muy pronto porque, como ofreció el presidente en campaña, al día siguiente de la posesión debió conocerse el Decreto Supremo del 50/50 para la distribución de los recursos económicos entre el Nivel Central y las Entidades Autónomas (gobernaciones y municipios). Obviamente, el plazo no se cumplió y, en realidad, lo serio debe ser dejar el tema en manos del nuevo Pacto Fiscal.
La disciplina fiscal no será fácil porque esos gastos están cargados al nivel Central, porque son los salarios de profesores, médicos, militares y policías cuando, por el contrario, faltan cientos de profesores, médicos, enfermeras, etc. Se puede hacer, como ahora mismo sucede, que es imputar contablemente a gobernaciones y municipios los miles de millones de bolivianos de educación y salud, pero no son una transferencia de recursos, solo es contabilidad. Esos recursos no existen fuera del grupo 100, salvo que se esté pensando en transferir competencias, pero eso es modificar la Constitución.
Es también muy difícil definir el levantamiento de los subsidios a los combustibles. No hay duda de que debe hacerse, por la sencilla razón de que no tenemos las divisas para pagar su compra en el exterior (10% del PIB) y porque el precio subvencionado es un incentivo para el dispendio y el contrabando. Además, en algo más que dos décadas hemos quintuplicado el parque automotor y no hemos desarrollado transporte masivo y ecológico, salvo el caso ejemplar del Teleférico paceño. En el caso del diésel, parece indiscutible el levantamiento completo de la subvención, porque el aumento de precio se transferirá a los productos de exportación (soya, oro, etc.), a los fletes de mercadería, desanimando el contrabando y castigando las actividades ilícitas. El caso de la gasolina es diferente, se la usa en el transporte público y cualquier aumento se transfiere de inmediato al bolsillo del ciudadano de a pie. Esto terminaría de soltar la contenida inflación, que es el impuesto regresivo que castiga a los sectores vulnerables y que ya lo está haciendo. En fin, el asunto es muy delicado —el año 2010 el gobierno quiso levantar la subvención y tuvo que eliminar la medida de inmediato por las protestas— y tiene un alto potencial de conflicto político y social.
Bueno, redondeando. Hay un importante margen de disponibilidad política y social para asumir gran parte de estas medidas y si faltase opinión pública la prensa contratada ya está vendiendo el producto con mayor entusiasmo que las encuestas. Pero el problema, de fondo, como todo en la economía, es cómo se distribuye la carga y cómo se asimila políticamente las definiciones que, a no dudar, serán discutidas, sino enfrentadas. Encima ya no hay MAS para las críticas y las diatribas y cuidado con repetir la fórmula de echar la culpa al pasado, que ya sabemos que no construye y más bien va a descubrir a los socios que compartieron la bonanza. Estamos frente a una realidad difícil, compleja y a nosotros mismos.
Habrá que manejarse con cuidado, en especial con la «cohabitación» mandada por la Constitución entre presidente y vicepresidente. Sin embargo, el peor de los riesgos está en pensar que hay una racionalidad única y que tenemos toda la razón. «Hay que reconstruir el país», dicen los más fanáticos. O, peor, se acabó con lo social o lo indígena, como muestra la nueva estética. No, lo inteligente es corregir lo logrado y mejorar aquello que democratice la economía y tome en cuenta que el desarrollo solo puede ser inclusivo si lo queremos sostenible y el requisito sine qua non es estabilidad política.
Nada peor que malograr una oportunidad.
Salud.
