En la audiencia de juicio oral por el caso de encubrimiento de pederastia clerical, el juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Samuel Vargas rechazó este viernes el incidente de excepción presentado por la defensa de los acusados, los sacerdotes jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix.
Ambos religiosos enfrentan cargos por el encubrimiento de los abusos sexuales del cura español Alfonso “Pica” Pedrajas (+) a más de 85 menores de edad.
“El juez escuchó los argumentos de las partes y rechazó la solicitud de prescripción. Porque el tema ha precluido. Ha habido momentos para presentar y no lo han hecho”, informó a La Razón el exjesuita y vocero de las víctimas, Pedro Lima.
Informó que el martes 2 de septiembre, a las 08.00, se continuará con los alegatos de la parte acusadora y defensa. “Es probable que el martes se tenga la sentencia. Que las víctimas tenemos esperanza de que sea condenatoria”, dijo Lima.
Para las víctimas, la decisión de la Justicia es fundamental y consideran que es un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Una decisión importante en la lucha impunidad”.
El pasado lunes concluyó la etapa de declaración de testigos y el martes se presentaron las pruebas documentales de cargo y de descargo. También declaró una perito de la Fiscalía, con lo que se cerró la etapa pericial.
PROCESO
Se trata del primer proceso penal en Bolivia contra altos mandos de la Compañía de Jesús por su presunta participación en la protección de Pedrajas, un abusador sexual dentro de la Iglesia Católica.
Alaix y Recolons dirigieron la orden jesuita en Bolivia durante las décadas en que ocurrió la mayoría de los abusos. Recolons fue provincial entre 1993 y 1999, y Alaix entre 1999 y 2007.
Según la acusación formal, ambos conocieron las denuncias contra Pedrajas y no informaron a la justicia, incurriendo en encubrimiento.
El proceso judicial se basa en el diario personal de Pedrajas, publicado en 2023, donde el sacerdote admitió haber abusado de al menos 85 menores de edad entre 1972 y 2000. La mayoría en el internado Juan XXIII de Cochabamba.
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Las víctimas eran estudiantes becados de escasos recursos, seleccionados por su alto rendimiento académico en el sistema Fe y Alegría.
“Cientos de víctimas buscan y esperan justicia. El fallo del juez será una decisión histórica en defensa de las víctimas y la lucha contra la impunidad”, acotó Lima.
