El Gobierno aseguró que los recursos para el pago del Bono Juancito Pinto están garantizados con el aporte de más de 20 empresas estatales. La cancelación comenzará a fines de octubre y beneficiará a 2,45 millones de estudiantes en todo el país, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico.
“Vamos a pagarlo a fines de octubre, son casi 500 millones (de bolivianos), son nuestras empresas que ellos dicen ‘deficitarias’, que dicen que lo van a cerrar, son las que aportan y entregan 500 millones”, señaló la autoridad.
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Bono Juancito Pinto
El Consejo Nacional de Política Económica (Conape) aprobó este martes el borrador del decreto supremo que autoriza el desembolso, norma que será considerada el miércoles en gabinete de ministros.
El bono escolar, de Bs 200 anuales, busca reducir la deserción escolar e incentivar la permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo. Beneficia a los alumnos de colegios públicos.
Según datos del Ministerio de Educación, este año el beneficio llegará a 691.562 estudiantes en Santa Cruz, 587.141 en La Paz, 450.374 en Cochabamba, además de beneficiar a miles de escolares en Potosí, Chuquisaca, Beni, Oruro, Tarija y Pando.
Pago
En 2024, el bono escolar fue financiado por las utilidades de 25 empresas públicas, entre ellas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel); la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
También están la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B); la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); la Empresa Minera Huanuni; Banco Unión S.A.; la Empresa Minera Colquiri; la Corporación de las Fuerzas Armadas (Cofadena); Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB); el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem); Boliviana de Aviación (BoA), entre otras.
Con esta medida, el Ejecutivo reafirma que el Bono Juancito Pinto se mantiene como una política social clave, no solo para apoyar a las familias, sino también para garantizar el derecho a la educación de millones de estudiantes bolivianos.
