En Buenos Aires, al estilo ICE, la Policía Federal Argentina se desplegó en zonas donde viven, trabajan y circulan cotidianamente miles de bolivianos. El 22 de enero en Villa Celina y el 6 de febrero en Liniers se realizaron enormes operativos que no estaban dirigidos contra grandes redes delictivas, sino que fueron escenas de amedrentamiento a la colectividad boliviana. Presencia intimidante, controles selectivos y un mensaje claro: hay cuerpos que pueden ser marcados.
Ese mensaje cala hondo porque todos los bolivianos tienen a alguien cercano que se ha ido. Sobre todo en los años noventa y a principios de los 2000, centenas de miles fueron expulsados por la presión económica. En los Estados en los que no entran todos, los primeros desterrados son los pobres. Por eso, entre dos y tres millones de bolivianas y bolivianos viven hoy como exiliados económicos en otras tierras. Bolivia es un país tan mutilado que hasta su propia cifra se desdibuja.
Uno de los destinos principales de ese exilio ha sido Argentina, aun sabiendo que allí persiste un sentido común profundamente discriminador hacia los bolivianos. De hecho, no es un secreto que la palabra “bolita” circula desde hace décadas como un insulto. Los operativos recientes no hacen más que poner en escena, de manera explícita, esa violencia que siempre estuvo latente.
En el gobierno de Javier Milei, la reforma de la política migratoria desmanteló garantías y mecanismos de protección y consolidó un clima cada vez más hostil hacia quienes llegan desde países limítrofes. Con la promulgación del DNU 366/2025 aumentaron los requisitos de ingreso al país, se ampliaron las causales para cancelar residencias, se redujeron las garantías para apelar expulsiones, se mercantilizó el acceso a la ciudadanía y se restringió el acceso al sistema de salud y a la educación universitaria gratuita. No es un ajuste administrativo, sino una ofensiva que degrada derechos fundamentales y vacía de contenido el principio de igualdad.
En ese marco, el gobierno de Milei, haciendo eco a su jefe político Donald Trump, ha encontrado en los migrantes un objetivo funcional. La estrategia consiste en fabricar un enemigo interno al que se asocia con el delito, el desorden y la presión sobre los recursos públicos. El modelo a imitar es el del ICE: operativos espectaculares y una pedagogía del miedo. Lo importante no es el resultado real, sino el efecto: disciplinar e intimidar. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Villa Celina y en Liniers: no fue una persecución a negocios ilegales, sino al trabajador migrante de a pie, al que vende, cose, construye, siembra y sostiene parte de la economía argentina.
A pesar de hoy ser un tema en boga a nivel mundial, en Bolivia, un país mutilado por el exilio económico neoliberal, la discusión sobre los derechos de las personas migrantes apenas resuena y casi ningún medio boliviano ha cubierto que el gobierno de Javier Milei está amedrentando a compatriotas. Ese silencio no es neutro sino que forma parte de la misma historia de expulsión que obligó a tantos a irse. Es la expresión de un país que se acostumbró a vivir fragmentado, con millones de sus hijos fuera, y que aprendió a normalizar esa ausencia.
Los operativos de la Policía Federal Argentina contra la colectividad boliviana no son procedimientos rutinarios ni políticas neutrales: son actos de hostigamiento sostenidos por un racismo estructural que decide qué cuerpos vigilar, a quién intimidar y a quién convertir en sospechoso permanente. Desde Bolivia, denunciarlos no es un gesto retórico; es una cuestión de dignidad.
(*) Canela Crespo Sánchez es abogada boliviana, migrante en Argentina
