El cambio de autoridades en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) de Bolivia no es simplemente un rito electoral o un recambio de sillas; es un momento clave donde la política aterriza directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada transición define si el próximo gobierno local arrancará con orden y previsión, o si enfrenta limitaciones desde el inicio.
Históricamente, estos traspasos de poder no siempre se han desarrollado con los niveles óptimos de coordinación y transparencia, lo que puede dar lugar a ciertos riesgos financieros. Entre ellos, destaca una práctica que merece atención: el denominado «gasto de despedida». En algunos casos, las autoridades salientes, con el objetivo de “concluir” obras, cumplir compromisos o mostrar resultados finales de “último minuto”, incrementan el ritmo de ejecución presupuestaria en la última etapa de su mandato, lo que puede incidir en la disponibilidad de recursos para la siguiente administración.
¿Cuál es el efecto de esta dinámica? Puede generar tensiones en la liquidez institucional al inicio de la nueva gestión. Aunque un mayor nivel de ejecución puede interpretarse como un “buen indicador de desempeño”, también es importante considerar sus implicaciones en la sostenibilidad financiera. De este modo, las nuevas autoridades podrían enfrentar restricciones para atender obligaciones inmediatas, dar continuidad a proyectos en curso, el pago de sueldos o sostener la provisión de servicios básicos.
Más allá de ser una apreciación general, los siguientes datos muestran señales que invitan al análisis. Al observar la ejecución presupuestaria del primer trimestre — periodo previo al cambio de mando— se identifican diferencias entre un año regular (2025) y uno de transición (2026). Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) incrementaron su gasto en Bs 33 millones, de Bs 1.238 millones a Bs 1.271 millones (un 2,6% adicional). Por su parte los Municipios Capitales y El Alto, pasaron de Bs 2.166 millones a Bs 2.456 millones, lo que representa un aumento de Bs 290 millones (más del 13%).
Estos resultados sugieren que, en algunos casos, existe una mayor intensidad en la ejecución del gasto en etapas cercanas al cambio de mando, lo que plantea la necesidad de analizar con mayor detalle sus efectos en la estabilidad financiera institucional.
En este contexto, la transparencia en la entrega de información cobra especial relevancia. La transición de mando requiere que las autoridades salientes proporcionen información financiera completa, consistente y verificable. Esto incluye estados como el Balance General, el Estado de Ejecución de Recursos y Gastos, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, debidamente respaldados por registros contables y documentación pertinente.
Es importante recordar a las y los servidores públicos que no sólo rinden cuentas por los actos realizados dentro del periodo de gestión, sino también asumen responsabilidad por las consecuencias jurídicas y administrativas que se generan antes, durante y después del ejercicio de sus funciones. En este sentido, las decisiones adoptadas en esta etapa de transición pueden derivarse en distintos tipos de responsabilidades como la administrativa, civil y penal.
Una transición transparente genera beneficios concretos: permite una adecuada continuidad de la gestión, reduce el riesgo de tensiones financieras y contribuye a mejorar la calidad del gasto público, al basar las decisiones en información completa y confiable.
En definitiva, una transición democrática no se limita al cierre de una gestión, sino que implica sentar las bases para que la siguiente administración pueda iniciar en condiciones adecuadas. Nuestras autonomías se fortalecen cuando la responsabilidad y la transparencia guían este proceso.
