El presidente Luis Arce aclaró este jueves que el Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa, que —recordó— tiene entre sus atribuciones aprobar o rechazar los proyectos.
“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, escribió el mandatario en redes sociales.
Además, recordó que en 2021 el Gobierno asumió el desafío de la industrialización del litio boliviano. “Para ello convocamos a las empresas más prestigiosas del mundo, recibiendo un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales”.
Detalló que entre 2023 y 2024 se firmó 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos de diferentes países. “Estos convenios sentaron las bases para la firma de dos contratos sumamente favorables para Bolivia en 2024, garantizando la soberanía sobre este recurso natural estratégico y la participación mayoritaria de nuestro país en toda la cadena productiva y de comercialización”, remarcó Arce.
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Litio
Y continuó con que, cumpliendo las normas, en 2024 se remitió los contratos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, que quedó aplazado hasta febrero de 2025 para cumplir con la socialización.
Arce se refirió a dos contratos de litio que firmó Bolivia. Uno con la empresa rusa Uranium One Group. La inversión es de $us 975 millones para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio (EDL) y carbonato de litio en el salar de Uyuni. El otro es con la firma china Hong Kong CBC por un monto de $us 1.030 millones.
Sin embargo, ninguno de los dos documentos obtuvo aún luz verde de parte de la Asamblea Legislativa debido a las observaciones de parte de organizaciones sociales, instituciones y actores políticos, principalmente del departamento de Potosí.
Por ejemplo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) declaró ilegales e inconstitucionales los contratos para la explotación de litio y anunció vigilias y movilizaciones hasta la ciudad de La Paz.
El miércoles, la sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, que trataba un contrato de litio con una firma rusa, no pudo avanzar debido los incidentes en la reunión. Actualmente, diputados de Potosí permanecen en vigilia para evitar que el contrato sea aprobado y piden que la sesión se realice en ese departamento y de cara al pueblo.
