Arturo Murillo, ministro de Gobierno en el régimen Jeanine Añez, comparece este martes ante un juez de migración en Estados Unidos, donde se definirá su situación legal tras cumplir una condena por lavado de dinero y soborno. Así lo informó el abogado y activista político Thomas Becker en una entrevista con Unitel.
“Hoy a las 10.30, Arturo Murillo tuvo una audiencia ante un juez de migración. No fue pública, así que no sabemos con certeza lo que ocurrió, pero el juez decidirá si lo deporta o no”, explicó Becker a Unitel.
Arturo Murillo
Murillo, quien actualmente permanece recluido en un centro de detención para migrantes y personas con antecedentes penales, puede enfrentar la deportación o apelar la decisión si esta le es desfavorable. Becker señaló que también existe la posibilidad de que se convoquen más audiencias o se solicite más información antes de un fallo final.
Según el jurista, el exministro podría intentar solicitar asilo político, pero advirtió que este tipo de recurso es difícil de conceder en casos relacionados con corrupción. “La ley de asilo aplica si hay persecución por raza, género o ideas políticas. Pero por sobornos y lavado de dinero, la Justicia de Estados Unidos no otorga ese tipo de protección”, precisó Becker.
Deportación
El abogado también detalló que el centro de detención donde permanece Murillo tiene antecedentes de denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos. “Es un lugar muy duro, reservado para migrantes con antecedentes criminales. Hay informes preocupantes sobre las condiciones en las que se encuentran los internos”, afirmó.
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En Bolivia, Murillo enfrenta al menos ocho procesos judiciales, según el Ministerio Público. Dos de ellos ya tienen sentencia condenatoria, entre ellos el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno Áñez entre 2019 y 2020.
Proceso
Murillo fue detenido en Estados Unidos en 2021 y sentenciado a casi tres años de prisión por lavado de dinero y soborno, en un caso que también involucró a intermediarios estadounidenses. Su audiencia migratoria representa un nuevo capítulo en su situación legal, que ahora dependerá de la decisión del juez migratorio estadounidense.
De ser deportado, el exministro deberá enfrentar la Justicia boliviana por los delitos pendientes. Mientras tanto, su futuro permanece en suspenso.
